Gracias a la inacción, incompetencia o negacionismo de autoridades gubernamentales, sobre todo en el área de seguridad pública, entre el 2014 y el 2020, Guatemala tendrá que pagar US$64.5 millones —aproximadamente Q494 millones— de indemnización a la empresa Energía y Renovación Holdings por la imposibilidad de poder completar y concluir un proyecto de generación hidroeléctrica en la región de Ixquisis, Huehuetenango. La causa de tal bloqueo fueron sabotajes, ataques armados y hostigamiento en contra de trabajadores desde mayo del 2014 y que llegaron a causar la muerte de un empleado en el 2018. Tal oposición tuvo varios pretextos, y se les denomina así porque ciertos grupos no tenían intención de resolverlos.

Los inversionistas y constructores intentaron en repetidas ocasiones encontrar puntos de acuerdo con las comunidades y, de hecho, muchas de ellas accedieron a poder contar con energía eléctrica, aportes en educación y desarrollo. Sin embargo, otras facciones, agresivas a intransigentes, hostigaron incluso a los propios comunitarios. El 5 de mayo del 2014 comenzó el asedio, cuando un grupo de encapuchados incendió equipos de un contratista para la construcción del proyecto. Sin embargo, durante los seis años siguientes continuarían las agresiones violentas.

Los inversionistas pidieron auxilio en varias ocasiones a las autoridades de turno, es decir, los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales e incluso el de Alejandro Giammattei, para tener seguridad del Estado. Se instaló un contingente policial que, según los demandantes, nunca fue efectivo para asegurar la integridad de los trabajadores del proyecto. La cercanía del destacamento militar tampoco contribuyó a dar certeza. La demanda contra el Estado fue básicamente por no garantizar las condiciones para la inversión efectuada.

En la defensa de Guatemala, como parte demandada, intervinieron funcionarios del Ministerio de Economía y la Procuraduría General de la Nación, del actual y del anterior gobierno. Los integrantes del tribunal fijaron en US$64.5 millones el pago que Guatemala debe hacer a la hidroeléctrica por sus pérdidas. En el 2018 se efectuó la declaración de un tratado de paz entre las comunidades y el proyecto, con la mediación del obispo Álvaro Ramazzini; pero, al igual que otros acuerdos, cayó en incumplimiento, porque el hostigamiento prosiguió. A partir de ello, todo fue un deterioro y desgaste creciente.

Es obvio que esos grupos violentos no estaban ni están interesados en el bienestar o el desarrollo de las comunidades. Les interesa fomentar la pobreza, para mantener a los jóvenes como carne de cañón para mafias. Cabe recordar que, justo en esa región, operan bandas de narcotráfico que incluso tienen ramificaciones políticas. Pero, a su vez, es notoria la indolencia de sucesivas autoridades de Gobernación, que no fueron capaces siquiera de rastrear, capturar y procesar judicialmente a los autores materiales e intelectuales de tales ataques. Las comunidades y el país quedaron sin tres hidroeléctricas, sin energía y sin incentivos para invertir en la región. El costo de la ingobernabilidad es alto y todo el país lo paga, por las penalizaciones, como los US$64.5 millones de marras, pero sobre todo por el desgaste generado por la falta de certeza jurídica, que ahuyenta a potenciales compañías inversionistas y con ello la posibilidad de generar oportunidades laborales y económicas. Apenas en el 2022, para recordar el caso más reciente, el país pagó US$46 millones a la empresa generadora Teco Holdings. Y para ajuste de penas, hay otras demandas pendientes de resolver.