Por querer chapucear un agujero, tratando de maquillar —por no decir avalar— los abusos, magistrados de la Corte de Constitucionalidad le sumaron atmósferas a la presión de los reclamos. Acicatearon la indignación ciudadana con una rimbombante resolución, muy esperada y totalmente decepcionante, al punto de que deberá ir a parar a la ignominiosa área de nulidad ipso jure, que es el único destino de las disposiciones “que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”: pétreo artículo 44 constitucional que previó este tipo de jugarretas leguleyas en atención a una historia nacional plagada de intolerancias despóticas y funcionarios abusivos.

Nadie, absolutamente nadie, está pidiendo impunidad para persona o partido político alguno que haya cometido una transgresión. Partiduchos como el Patriota, Líder o la UCN fueron suprimidos por las potestades del Tribunal Supremo Electoral, sin saqueo de papeletas ni secuestro organizado de las actas electorales en pleno proceso electoral. Tan simple que era —y es— decir que no corresponde a las potestades de ningún fiscal ni juez ejecutar transgresiones tales. Cosa aparte es querer armar un caso de la noche a la mañana, bajo consejo de mandaderos extremistas que hoy brillan por su ausencia.

Tampoco figuran los excandidatos otrora zalameros que ofrecían de todo, que cuando quedaron en segundo, sexto o enésimo lugar perdieron de pronto el interés en la discusión de los asuntos públicos, en los cuales antes querían parecer expertos o al menos interesados. Como si no vieran que la chapuza cortesana también les puede revirar con una cancelación dictada por un juez cualquiera a la hora de ser incómodos.

Pero a la ciudadanía guatemalteca, dentro y fuera del territorio nacional, sí le queda claro que peligra su democracia, y que le quieren birlar su soberanía, cuya voluntad en la primera vuelta detonó el súbito acoso del MP y de porristas netcenteros en contra de la institucionalidad electoral. Los políticos no electos no están sujetos, en todo caso, a ninguna obligación legal en todo este barullo; moral sí, pero no la quieren asumir con valor.

Quien sí debió salir a defender la Constitución y el proceso electoral es el presidente Alejandro Giammattei Falla, quien guardó silencio cuando la debida custodia de la voluntad popular —que alguna vez lo eligió— era secuestrada. Ante previas lavadas de manos de la CC y de la Corte Suprema de Justicia, empezó el siempre emblemático Octubre, con manifestaciones y bloqueos viales que pudieron evitarse, que damnifican la economía y que amenazan con agravarse si no se interviene con sensatez. De hecho, la primera alocución presidencial solo criticó el descontento, sin mencionar la causa. Más de tres semanas llevan las alertas y solicitudes de poner coto a los abusos por parte de ciudadanos, universidades, empresarios, gremios profesionales, obispos católicos y la comunidad internacional en pleno.

Urge un diálogo con voluntad para corregir el rumbo. La Corte de Constitucionalidad necesita descoser el parche de cuero sobre odre viejo —ya que tanto les gusta presumir de confesionales a ciertos magistrados—. Quizá un recurso interpuesto por el presidente para expulsar la resolución ominosa del ordenamiento jurídico, fijar histórico respeto al ámbito del TSE y certificar lo conducente a quienes han girado a marchas forzadas la fragua del abuso y la discrecionalidad. Es una espada de Damocles, sí, pero hubo tiempo suficiente para no sentarse en ese lugar incómodo.