Sobre el océano Atlántico ya se detecta la formación de la tormenta tropical Ana, que si bien no representa riesgo para el territorio guatemalteco, abre oficialmente la temporada ciclónica del 2021. Las lecciones de la historia apuntan a que el factor climático figure entre las prioridades de inteligencia y políticas preventivas del Estado, no solo en cuanto a observación atmosférica, sino respecto de la integración de esfuerzos para reducir la mortalidad o daños agropecuarios.

Desafortunadamente es poco lo que se puede esperar. Basta observar la baja ejecución de recursos destinados a atender los daños causados por las tormentas Eta e Iota, que en el 2020 dejaron inundaciones en el norte y nororiente del país, o el mortal derrumbe de un cerro sobre la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, cuya cantidad oficial de víctimas mortales aún no se conoce. Los sobrevivientes continúan luchando por establecer el poblado en otro lugar, pero no se nota ningún esfuerzo gubernamental coherente, sostenido y efectivo para apoyarlos. El nuevo ciclo de lluvias ha sido anunciado como “relativamente normal” por el Insivumeh, pero lamentablemente también siguen siendo “normales” los asentamientos en laderas peligrosas o la construcción de viviendas sin respetar normativas nacionales, que de hecho no existen.

Con frecuencia se afirma que “el agua tiene memoria”, al hacer referencia a áreas de riesgo, ya sea porque son antiguos cauces de ríos o bien porque ya han sido escenario de eventualidades vinculadas con la erosión por lluvias. A estas alturas de mayo ya se debería divulgar por todos los medios que permite la tecnología actual un mapa pormenorizado de las zonas vulnerables, de las laderas con potencial de derrumbe o de las carreteras con riesgo de socavamiento.

Apenas hace unas semanas se promocionaba en el Ministerio de Comunicaciones la instalación de puentes tipo bailey en rutas dañadas el año pasado. No deja de ser penoso que intenten publicitarse con tal pretexto, ya que tales estructuras, por sus propias características, son de uso emergente e inmediato, no de un semestre después. Esto solo hace prever una larga espera por la reconstrucción de puentes derribados, incluso en tramos de vital importancia para el comercio y la exportación.

Pero la improvisación no solo se presenta en lo referente a la protección civil ante eventuales fenómenos climáticos, sino también en cuanto a otras acciones proactivas como el almacenamiento y uso del agua pluvial, de cara a los irregulares períodos de lluvia y posteriores etapas de sequía. Los desvíos de ríos no serían necesarios si se contara con sistemas de lagunas o presas para el almacenamiento de agua, tanto para riego agrícola como para consumo humano. La histórica abundancia de ese recurso hacía impensable esta necesidad, pero en la última década se ha hecho patente la urgencia. Obviamente eso requiere de estudios de factibilidad, inversión en infraestructura y una cultura de respeto a las cuencas.

La región ha sido sobrediagnosticada, desde hace más de dos décadas, en cuanto a los peligros climáticos. A veces las amenazas pasan de largo, pero otras hay muertes, pérdidas, lamentos y declaratorias de estado de Calamidad que llegan a tener una connotación simbólica negativa, debido a que, si bien abren la llave de los recursos económicos para atender contingencias, también se han prestado para la discrecionalidad y el dispendio, sin necesariamente atender las necesidades reales de las comunidades, con lo cual se vuelven una calamidad extra.