Luego del veto al decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, debido a que ve varias inconstitucionalidades, el presidente Bernardo Arévalo deberá analizar la sanción o el veto del decreto 09-2025, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobada la semana pasada por el Legislativo.

Sobre este asunto, el mandatario afirmó que el decreto aún no ha sido remitido por el Congreso al Ejecutivo, pero, en una primera revisión, “pareciera que el mismo también contiene algunas inconstitucionalidades”, por lo que será analizado detenidamente en cuanto sea recibido.

“Hasta que llegue el decreto nosotros vamos a iniciar el proceso de análisis de ley correspondiente, pero tenemos muy claro que es un proceso que es regresivo en términos de protección ambiental y que también aparentemente adolece problemas de inconstitucionalidad y que viola acuerdos comerciales que Guatemala tiene firmados con sus socios internacionales. Pero eso lo sabremos en el momento en que nos hagan llegar el decreto desde el Congreso de la República”, afirmó el mandatario.

Durante la gira “A Tu Tierra” en Petén, la semana pasada, Arévalo criticó la aprobación del citado decreto y aseguró que la “mal llamada” Ley de Protección Ambiental no aporta ningún beneficio al medioambiente del país.

“Ochenta y tres diputados al Congreso de la República aprobaron una mal llamada ley de protección y mejoramiento del medioambiente. Mal llamada porque poco protege y nada mejora. Lo que hace esa iniciativa es que rebaja todos los estándares ambientales, eliminando la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para proyectos municipales, estatales, religiosos y organizaciones sin fines de lucro”, aseguró Arévalo en esa ocasión.

Protección en materia ambiental

En contraste con lo que consideró un retroceso legislativo, Arévalo anunció durante su visita a Petén la semana anterior, la firma de cuatro acuerdos adicionales con comunidades del sur de Petén para el uso sostenible de 8 mil 400 hectáreas de áreas protegidas, sumando un total de nueve convenios con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Asimismo, indicó que se firmó un convenio de cooperación con la Mesa Interinstitucional de Tierras y Ambiente, una iniciativa ciudadana que busca prevenir conflictos agrícolas y ambientales en la región.