A menudo, la certeza jurídica para las inversiones suena como un término abstracto, una aspiración etérea o una frase filosófica que evoca un concepto políticamente correcto, que de hecho lo es, pero que va más allá de la elucubración: es una condición real que puede representar millones de dólares en ganancias, oportunidades e ingresos fiscales para el país, pero también en pérdidas.

Es así como en este momento, Guatemala se encuentra ante la posibilidad de verse obligada a pagar hasta Q4 mil 733 millones en laudos si llega a perder procesos internacionales de arbitraje interpuestos por empresas que se consideran agraviadas debido a suspensiones de proyectos, interrupciones de contrato o imposibilidad de seguir operando en el país por cambios en las condiciones iniciales de inversión.

La cifra se eleva a casi Q11 mil millones, si se toman en cuenta otros reclamos que todavía están en fase de diálogo para tratar de encontrar vías de continuidad operativa. De no poder encontrarse un mutuo entendimiento, pasan a la cola de litigios que ya enfrenta el Estado de Guatemala y que no solo representan una amenaza de pérdida dineraria sino también ahuyentan a potenciales inversionistas que encuentran mayor certeza jurídica, he ahí de vuelta el término, en otros países de la región.

Esos Q4 mil 733 millones en riesgo tampoco son abstractos, ni etéreos ni simples cifras puestas en un papel o en un archivo digital, son recursos que pagará el contribuyente, que deberán salir de las arcas nacionales y que, por ende, no podrán ser utilizados en la atención de desafíos sociales en salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.

Los reclamos provienen, sobre todo, de áreas como minería, energía, comunicaciones. Recientemente, por ejemplo, el Estado de Guatemala pagó US$37 millones a la generadora eléctrica Teco Guatemala Holdings y US$14.6 millones por el caso de Ferrovías. En ambos casos, el país perdió las demandas y se vio obligado a efectuar compensaciones o padecer sanciones económicas y financieras a nivel internacional.

Es necesario subrayar que, por parte de Guatemala, el ente encargado de representar al país es la Procuraduría General de la Nación, una entidad que para ciertos propósitos ha accionado con celeridad, pero que para la defensa legal del país presenta altibajos en su desempeño. El Ministerio de Economía también se encarga de la búsqueda de resolución de conflictos referentes a tratados de libre comercio o acuerdos de inversión, pero cuando el reclamo llega a instancias internacionales de arbitraje, entra en juego la PGN, que busca demostrar, en cada proceso, que el Estado ha cumplido con sus acuerdos y que ha hecho todos los esfuerzos para que estos prosigan. Obviamente, en muchos casos, no lo logra.

El desafío es grande e implica a todos los sectores. El Estado debe ser responsable y transparente a la hora de firmar acuerdos de inversión, por lo que los funcionarios del Ejecutivo no pueden ir por allí firmando acuerdos de confidencialidad que amenacen el bienestar ciudadano —y menos sin la asesoría de la PGN—, tal el caso de las vacunas rusas. El Legislativo debe actualizar el marco formal para las inversiones, sin dejar vacíos jurídicos que luego sean fuente de problemas. Finalmente, los tribunales deben actuar con apego a Derecho, y no a agendas políticas grupales o, peor aún, afanes personalistas, que luego acarreen altos costos adicionales a una nación con tantas limitaciones presupuestarias.