El aprovechamiento político de los fondos millonarios de los Codedes, según analistas, movilizó la negativa del Congreso para conocer el veto presidencial al Decreto 7-2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al argumentar que el veto nunca entró en vigor, por un error que se atribuye a la Secretaría General de la Presidencia.

En reacción, los diputados aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025, en el que desconocen y rechazan el veto del presidente Bernardo Arévalo, y autorizan la publicación en el Diario Oficial de la ley vetada por el mandatario.

A criterio de analistas y expertos consultados, la decisión del Legislativo responde a intereses políticos, tomando en cuenta que el 2026 será un año preelectoral, en el que los congresistas comienzan a afianzarse en una base política en sus respectivos distritos. Al tomar la decisión, se aseguran de que estos fondos podrán ser utilizados con fines electorales en el 2027.

“No me cabe ninguna duda de que el interés primario del Congreso, de la mayoría que aprueba esto –diputados–, es puramente electoral. Porque recordemos que el corazón de la ley que se aprueba, del 7-2025, es la multianualidad de los fondos”, dice Edgar Ortiz, abogado constitucionalista.

Esto quiere decir que los fondos no ejecutados por los Codedes este año automáticamente se trasladan para el presupuesto del año siguiente. “Y eso es lo que hace tan atractivo este decreto en términos electorales, porque les garantiza a los alcaldes que no van a tener que pasar por el Congreso para tener fondos para ejecutar sus obras. Es más, incluso les permite jugar con los tiempos y, pues, postergar obras para 2027 y usarlas luego como un mecanismo de campaña electoral”, afirma Ortiz.

Sobre este aspecto también coincide Roberto Alejos, exconstituyente y exdiputado, quien asegura que los diputados se mantienen en una campaña permanente en sus respectivos departamentos, y perder estos fondos para obras también les implicaría perder apoyo y votos que consideran importantes.

“Los integrantes del Organismo Legislativo se mantienen en permanente campaña. Y entonces, esta plata que va a sus alcaldes les da votos en sus domicilios y eso es lo que ellos no quieren perder. No tiene que ver con ninguna pugna, es un tema permanente y perder estos fondos para ellos es muchísimo más importante”, asegura Alejos.

“Más importante que cualquier pugna, más importante que cualquier división entre partidos. Es simple, pierden plata que a ellos les va a servir para darse a conocer y para tener votos en sus respectivos distritos”.

Roberto Alejos, expresidente del Congreso.

Además del trasfondo político-partidista, los diputados también incurrieron en vicios e ilegalidades al rechazar y desconocer el veto del presidente Bernardo Arévalo a la ley de gasto exprés para los Codedes, ya que “el veto es un ejercicio de rango constitucional”. La falta de justificación en sus argumentaciones demuestra que el Congreso, con tal de avanzar una agenda de corto plazo, está dispuesto a desestimar la Constitución, afirma Ortiz.

“Hemos escuchado al Pleno –Legislativo– hacer un análisis francamente muy pobre respecto de la supuesta invalidez del veto presidencial, argumentando que aún no ha entrado en vigor, invocando una ley de 1968, una ley emitida antes de la Constitución actual, una ley, además, que da obvio, como lo dice su cuerpo legal, a normas reglamentarias”, apunta Ortiz.

El abogado explica que cuando el Ejecutivo emite un reglamento, efectivamente, si no establece una fecha de entrada en vigor, se usa la norma del año 68 y sabemos que entra en vigor a los tres días. Pero advierte que “el veto no es una norma de ese tipo, el veto presidencial es un ejercicio del poder constitucional de comunicarle al Congreso una decisión de no aprobar una ley”, puntualiza.

La responsabilidad del Ejecutivo

Pero no solo el Congreso es responsable, ya que el Organismo Ejecutivo también tuvo responsabilidad en esta situación, afirma Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quien calificó como un “desastre” y una “torpeza” la tardanza por parte de la Presidencia en enviar el veto al Legislativo.

“Es un ‘desastre’ que el presidente se haya tardado tanto en enviar el veto al Congreso. Esta tardanza, como era fácil de anticipar, fue aprovechada por las fuerzas de oposición, pues buscaron las argucias que, si el acuerdo no tenía fecha de vigencia, pero ningún otro acuerdo previo había tenido. Ese es el costo de los errores, perdón, pero aquí está, hay que usar la palabra ‘torpeza’ como haberse tardado en enviar el veto.

Un veto debió haberse enviado de inmediato, el mismo día que lo recibieron, debieron haberlo enviado y esa tardanza está teniendo un costo político altísimo, excesivo”, aseguró Barrientos.

También hizo énfasis en que los grupos que buscan la toma del poder del Estado aprovecharon que la Secretaría General de la Presidencia cometió un error técnico y jurídico, lo cual debe ser considerado por parte del presidente Bernardo Arévalo para evaluar posibles cambios en su equipo de trabajo.

“Lamentablemente, lo que uno puede anticipar es que las fuerzas corruptas, digamos, las alianzas político-criminales continúan avanzando en la captura y la toma del poder del Estado. Este es un llamado de atención severísimo al presidente de la República, muy respetuoso siempre, tiene que revisar si no es el momento de hacer cambios ya en su gabinete”, señala Barrientos.

“El error que cometió la Secretaría General de la Presidencia, más allá de un error técnico jurídico, es un error político garrafal”.

Ricardo Barrientos, Icefi.

Las implicaciones políticas de este error del Ejecutivo son muy graves, de acuerdo con Barrientos, y el escenario se torna muy pesimista frente a la aprobación del presupuesto del 2026, la integración de la Junta Directiva del Congreso para el 2026 y, por supuesto, para cuatro procesos delicados: Contraloría General de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público y Corte de Constitucionalidad”, puntualiza.

Ejecutivo anuncia acciones legales

Un comunicado del Gobierno de la República posterior a la decisión del Congreso, asegura que el veto se envió en el plazo constitucionalmente establecido y que cumplió con todos los requisitos.

También indica que el Congreso debió conocerlo y actuar conforme lo establece la Constitución y señala que “84 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios retorcieron el procedimiento”.

También anunció que ante la decisión del Legislativo estarán accionando legalmente.

“Ante esto, el Gobierno presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad de gasto público entre en vigencia”, concluye el comunicado.

Cámara de Industria se pronuncia

Sobre la decisión del Congreso con relación al Decreto 07-2025, Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) indicó:

“Ante las distintas interpretaciones sobre la aplicación del artículo 178 de la Constitución, en relación con los plazos y condiciones del veto presidencial, consideramos que corresponde a las autoridades competentes, en el marco de las acciones legales anunciadas, determinar lo que jurídicamente procede. Desde Cámara de Industria de Guatemala reafirmamos nuestro respeto por la institucionalidad y el Estado de derecho. Creemos en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es fundamental contar con normas claras que aseguren que los fondos del Estado se administren con responsabilidad, en beneficio del desarrollo nacional”.