El Congreso de la República de Guatemala decidió aceptar el veto presidencial al Decreto 9-2025, el 11 de noviembre, que proponía reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86).

Con el respaldo de 100 diputados, el Legislativo aprobó el Acuerdo 11-2025, que deja sin efecto las modificaciones y envía la iniciativa al archivo.

El Decreto 9-2025, aprobado el 30 de septiembre, pretendía modificar los estudios de impacto ambiental y promover un uso más sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo, vetó la norma al considerar que contenía disposiciones contrarias a varios artículos de la Constitución Política de la República.

Motivos del veto presidencial

El veto fue oficializado el 5 de noviembre mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, publicado en el Diario de Centro América. Según el documento, las reformas no se ajustaban a principios constitucionales, ya que podían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la seguridad de los ciudadanos y la protección del ambiente.

Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación del artículo 8 de la ley, que limitaba la exigencia de estudios de impacto ambiental solo a actividades de carácter comercial.

De acuerdo con el Gobierno y con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), esta redacción podía generar ambigüedades y dejar fuera a proyectos estatales o no comerciales, debilitando los mecanismos de control ambiental y de protección a la población.

El Ejecutivo argumentó que esta exclusión violaba los artículos 2, 4, 97, 125 y 126 de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el uso racional de los recursos naturales. Además, se señaló que la reforma contradecía los tratados internacionales que comprometen a Guatemala a proteger el derecho humano a un ambiente sano.

Cambio presentados en el decreto 9-2025

La normativa buscaba actualizar las disposiciones de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, vigente desde 1986, y detallar los procedimientos para los estudios de evaluación de impacto ambiental previos a cualquier proyecto, obra o actividad que pudiera causar deterioro ambiental o afectar el patrimonio natural y cultural del país.

Una de las reformas era la exoneración de la presentación de instrumentos ambientales a instituciones benéficas, religiosas, servicios profesionales individuales y ventas de la economía informal, siempre que no emitieran contaminantes y sus desechos fueran gestionados adecuadamente.

Con el veto presidencial, se mantiene vigente la normativa establecida en el Decreto 68-86. Los diputados que respaldaron la decisión señalaron que trabajarán en una nueva iniciativa que beneficie a los negocios, pero que priorice la protección del medio ambiente.

Reacción del Congreso y los diputados

Tras analizar el veto, el Congreso concluyó que los argumentos del Ejecutivo eran razonables y decidió no insistir en la aprobación del decreto.

El Acuerdo Legislativo 11-2025 fue aprobado con 100 votos a favor, lo que deja la reforma sin efecto y dispone su archivo definitivo.

La diputada Karina Paz calificó la decisión como “una gran victoria para el medio ambiente”, destacando que diversos sectores científicos y organizaciones ambientales habían expresado su rechazo a la iniciativa.

También respaldaron el veto los diputados Román Castellanos y Luis Ventura, quienes consideraron que la medida “protege el entorno natural del país y fortalece la gobernanza ambiental”.

Por su parte, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, votó en contra, argumentando que la normativa buscaba beneficiar a pequeñas empresas y sectores productivos.

Implicaciones del archivo

Con la aceptación del veto, el Decreto 9-2025 queda sin vigencia y no entrará en efecto. El Acuerdo Legislativo 11-2025 entrará en vigor de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial, conforme a la ley.

La decisión marca un precedente sobre la importancia del control ambiental en Guatemala y reafirma el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la Constitución, según explicaron los diputados que apeoraron el veto presidencial.