La enorme fiesta que se hizo con los recursos del Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, provocó una reacción ciudadana inesperada cuando la mayoría de los electores decidieron elegir a Bernardo Arévalo bajo la suposición que él cambiaría las cosas combatiendo esa asquerosa corrupción. Hoy estamos publicando una información verificada en Guatecompras en la que se demuestra que un grupo de empresas, favoritas de este gobierno también fue beneficiado con multimillonarios contratos en el pasado régimen.

En otras palabras, si el gobierno de Giammattei y Martínez hizo micos y pericos con los fondos públicos y mantuvo su preferencia para entidades que, sin duda alguna, lograban el trato preferencial mediante las prácticas ya comunes, en el gobierno de Arévalo y Tager siguen gozando de esas preferencias. No hay que olvidar que la Secretaría Privada ha estado funcionando como lo fue en la época de Álvaro Colom, tiempo en el que la ocupó Gustavo Alejos. Lo que ha cambiado es la forma en que se asignan los negocios, puesto que luego de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada por el Congreso actual en el 2024, se creó la figura de “Modalidad especial de licitación por emergencia”, misma que estaba destinada para ser operada por una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), pero que nunca entró a operar al 100% y eso generó puertas que abrió esta administración de forma muy poco transparente y de manera altamente sospechosa.

La investigación señala cómo el grupo de empresas encabezado por Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (CIANSA) y Tracser S.A. ha obtenido negocios que suman 1 mil 95 millones 511 mil quetzales gracias a la preferencia que por ellas tiene el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, dirigido por una profesional que llegó al cargo luego de haber prestado servicios en la Secretaría Privada de la Presidencia de la República que ahora es el nuevo Centro de Gobierno.

La elección de Bernardo Arévalo no dejó la menor duda de cuál era el mandato de la población al emitir un sufragio tan inesperado que no solo causó sorpresa, sino hasta generó alarma entre los grupos que sangran al Estado, tanto como para que el Ministerio Público de Consuelo Porras, que operó para servir incondicionalmente a Jimmy Morales así como a Giammattei y Martínez, enterrando toda denuncia de corrupción, realizó enormes esfuerzos para anular la elección inventando un supuesto fraude, tarea que no tuvo éxito y que, de haber sabido lo que se venía, nadie hubiera siquiera intentado porque resulta que la elección no produjo el efecto deseado por la población.

Los negocios, tal y como se hacían bajo la dirección de Giammattei y Martínez, continúan ahora con Arévalo y Tager, al punto de que ni siquiera los beneficiarios cambiaron sino simplemente cambió la autoridad encargada de realizar las adjudicaciones que, como dijimos, se facilitan mucho más gracias a la nueva ley aprobada para, supuestamente, ayudar a reconstruir la infraestructura dañada por la persistente corrupción.