En 1850, la Oficina del Censo de Estados Unidos comenzó a recopilar datos sobre nacimientos. En ese año, ese país —que aún no alcanzaba su extensión total actual— tenía 2.2 millones de migrantes: casi el 10 por ciento de la población. Buena proporción de ciudadanos estadounidenses actuales descienden de esas personas que llegaron en busca de oportunidades de labrarse un nuevo futuro de prosperidad, lo mismo que sus antecesores en los siglos previos y también el gran objetivo de la inmensa mayoría de migrantes actuales.

En 1868 se aprobó la Enmienda 14 constitucional, que consagró la ciudadanía por nacimiento en territorio de EE. UU., precisamente por distintos intentos de segregar o dejar apátrida a parte de la población, incluyendo a hijos de esclavos y migrantes de ciertas nacionalidades. Esto contribuyó a que ese país haya proseguido su fortalecimiento como una nación edificada sobre la base de la migración, la multiculturalidad y la diversidad. A lo largo de su historia ha recibido y absorbido oleadas de personas procedentes de países tan diferentes como Irlanda, Italia, Polonia, Rusia o Alemania, lugar de origen del abuelo del actual presidente, Donald Trump, o Noruega, donde nacieron los bisabuelos de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Cristi Noem, quien hoy arriba a Guatemala en visita oficial.

El relato nacional estadounidense ha celebrado históricamente esa diversidad como una fortaleza. Sin embargo, en el debate político del tema migratorio, se ha acrecentado cierta narrativa que sataniza a los migrantes indocumentados, sobre todo hispanos, implicándolos en una falaz generalización: se les prejuzga como causal de delitos graves, desórdenes y abusos contra el sistema democrático estadounidense.

Tal visión, a través de un vidrio opacado por las conveniencias, los estereotipos y hasta las demagogias electoreras, no solo es simplista, sino profundamente injusta, inhumana y contraproducente. Este sesgo viciado origina agresivas acciones indiscriminadas emprendidas en contra de migrantes sin estatus legal en ciudades de Estados Unidos. Se debe decir que tal impulso de rechazo y remoción no es nueva: viene desde al menos tres lustros, ante la incapacidad política de trazar una reforma migratoria ventajosa para la propia nación.

El problema es cuando el atajo sale más caro que construir un buen camino: en lugar de enfocar sus esfuerzos en los verdaderos criminales, se gastan millonarios recursos en detener a pacíficos obreros, vendedores, dependientes e incluso padres de familia que acuden a una audiencia de la Corte: gente que ha pagado sus impuestos, cuyos hijos han servido en el Ejército, que generan empleo y desempeñan trabajos en áreas claves como la agricultura, procesamiento de alimentos y más.

El Gobierno de Guatemala está en la obligación de recibir con cortesía a la enviada Noem y mostrar los procesos para admitir con dignidad a los ciudadanos retornados, pero también se le debe decir que las personas no migran por capricho: huyen de la pobreza, de la desnutrición y de la violencia. Si en verdad desean frenar la migración, les sale mejor impulsar la infraestructura y la inversión en el país, así como las visas de trabajo, en lugar de gastar una billonada en un muro. Durante los días álgidos de Los Ángeles, un agente del ICE comentó, off the record por supuesto, a un reportero, su perplejidad al ver que la persona que limpiaba el sanitario de su habitación era una migrante indocumentada que seguía trabajando por amor a sus hijos.