Los usuarios piden, exigen, demandan la imposición de reglas preventivas a los autobuseros extraurbanos, tales como adquirir un seguro de daños a terceros, instalar controladores de velocidad, imponer multas o detener vehículos por peligrosas conductas viales. De inmediato, empresarios, pilotos y ayudantes, usualmente disgregados y hasta enfrentados, se unen para bloquear vías y pedir impunidad, como también ocurre cuando existe algún factor que aumenta los costos de operación. Rápidamente se ponen de acuerdo para anunciar alzas en el precio del pasaje que continúan incluso cuando la causal desaparece.

En materia de transporte de pasajeros, sucesivos gobiernos, incluyendo al actual, han abdicado de su responsabilidad como autoridades y han canjeado sus atribuciones reguladoras por permisivismos que a la larga resultan riesgosos e incluso mortales para los pasajeros. En tiempos de campaña, los candidatos llegan al extremo de subirse a los autobuses para que los graben platicando con extrañados pasajeros: pantomimas de las cuales se olvidan cuando ya están encumbrados con todo y banda presidencial.

Apenas el 21 de enero de este año, la Dirección General de Transporte Extraurbano aplazó por cuarta vez la fecha en que se comenzará a exigir el seguro obligatorio del transporte de pasajeros y de carga. El acuerdo gubernativo 17-20 de la administración de Giammattei Falla otorgó seis meses más para la adquisición del seguro, que no solo abarca a los autobuseros, sino también a taxistas, microbuses, mototaxis y todo vehículo que genere un peculio mediante el traslado de personas. En cuanto al transporte de carga, las empresas serias ya cuentan con el seguro pero aún se oponen a este algunos grupos y camioneros particulares.

Ayer, un bus se partió en dos al perder el control, en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana, obvia evidencia de la alta velocidad en que transitaba. Se suma a la lamentable cuenta de siniestros viales protagonizados por autobuses y vehículos de transporte pesado. Hace un mes, un camión mató a varias personas y dejó lesionadas a otras en la entrada a Ciudad Satélite, Mixco; dos semanas atrás, otro se salió de carril y colisionó contra varios automotores en esa misma ruta. Los casos se multiplican y las muertes también, ante la pasmosa indiferencia de las autoridades del gobierno central.

Las transgresiones más usuales son la excesiva velocidad, la contratación de pilotos sin licencia tipo A, rebasar de manera temeraria o en inexistente tercera fila, conducir bajo efectos de alcohol o drogas, uso de celular al volante, uso de unidades sin verificación mecánica, sobrecarga e incluso factores tan humanos pero igual de peligrosos como cansancio y somnolencia. No se trata solo de crear reglas punitivas, sino campañas de educación vial, capacitación para conductores comerciales como condición laboral y mejora de seguridad y mantenimiento de áreas comunes para parqueo y descanso en ruta.

Una obsoleta Ley de Tránsito completa el dantesco panorama que no reviste la menor importancia para los venales intereses del pacto oficialista en el Legislativo y que en ocasiones han hecho comparsa con el Ejecutivo para atender de forma condescendiente o timorata las protestas de quienes se resisten al pago de seguro a favor de usuarios y damnificados. Mientras tanto, esta vez más de 20 personas viajaban confiadas sin saber que terminarían en una emergencia hospitalaria y con riesgo de graves secuelas.