La Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó cuatro nuevas salas de apelaciones, y habría designado a los integrantes sin seguir la Ley de Comisiones de Postulación ni las funciones que corresponden al Congreso, según fuentes del Organismo Judicial (OJ).

Mediante un comunicado, la CSJ informó sobre la creación de las salas de apelaciones de Suchitepéquez (acuerdo 1-2025), Totonicapán (2-2025), Quetzaltenango (3-2025) y El Progreso (75-2025).

Estas salas, con competencia en todas las ramas judiciales, fueron justificadas para agilizar procesos legales y reducir la mora judicial.

Cada una estará integrada por tres magistrados titulares, lo que implica la elección de 12 nuevos funcionarios. Sin embargo, el Congreso no ha sido notificado de las nuevas plazas judiciales.

En su comunicado, la CSJ indicó que “estas salas estarán integradas por magistrados titulares y suplentes, electos por el Congreso”, en apego a la Ley de Comisiones de Postulación.

Nombramientos anticipados

No obstante, fuentes internas del OJ —que solicitaron anonimato— aseguran que la mayoría de magistrados de la CSJ ya efectuó los nombramientos y asignó cargos a personas cercanas a ellos y exintegrantes de las comisiones de postulación.

La fórmula habría sido trasladar a un magistrado titular de una sala existente para nombrarlo presidente, y ascender a suplentes para ocupar las dos vocalías restantes.

Aunque el acuerdo 1-2025 fue el primero del año, transcurridos ocho meses del 2025 su emisión aún no ha sido publicado en el Diario de Centro América.

Se solicitó copia de los acuerdos al secretario de Comunicación del OJ, Moisés Jerez, quien informó que solo podrán compartirse cuando la designación sea oficial y los documentos hayan sido publicados.

Consultado por los nombres de los magistrados designados, respondió que los nombramientos solo se oficializarán tras la publicación de los acuerdos.

En el OJ circulan algunos nombres como posibles magistrados: Jackeline Isabel Rodas Alejos, Walter Alfonso Divas Ciraiz, Marco Estuardo Ordoñez García y Francis Peña. Sin embargo, Jerez no respondió a las llamadas para confirmar o descartar esa información.

Falta de información

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), solicitó a la CSJ los acuerdos relacionados con las nuevas salas, pero tampoco ha recibido respuesta.

“El problema no es crear las salas; el OJ puede hacerlo. El cuestionamiento es la elección de los magistrados, porque eso le corresponde al Congreso”, explicó Chic.

Agregó que presentará un nuevo oficio para obtener los documentos y, si no hay respuesta, analiza acciones legales contra la CSJ.

“Estoy por pedir la información mediante oficio, para analizarla y tomar decisiones. Podría haber acciones constitucionales por falta de certeza jurídica y violación al principio de legalidad”, dijo.

Otro diputado de la Junta Directiva confirmó que tampoco han recibido notificación alguna del OJ ni del Consejo de la Carrera Judicial sobre las nuevas magistraturas o requerimientos al Congreso para elegirlas.

Posible abuso de autoridad

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, señaló que esta práctica viene desde la administración de la magistrada Silvia Patricia Valdés, cuando ya se observaban nombramientos irregulares.

“La CSJ ha promovido figuras aparentemente legales, como los llamados magistrados de apoyo, que terminan siendo permanentes”, indicó.

Añadió que la creación de salas es positiva para reducir la mora judicial, pero deben respetarse las atribuciones del Congreso.

“Es una mala práctica de la CSJ: se apropian de funciones electorales que son del Congreso. Se requiere que este haga una nueva elección con base en el listado enviado por la comisión de postulación”, dijo.

El abogado constitucionalista Edgar Ortiz considera que los acuerdos tienen fallas legales que dejan indefensa la decisión de la CSJ.

“El acto no ha sido publicado; están nombrando magistrados sin que salga en el Diario Oficial. Hay un grave problema de transparencia”, afirmó.

Agregó que el segundo problema es jurídico: “Es una crisis constitucional. La Constitución le da al Congreso la atribución de nombrar magistrados de apelaciones. Esto invade sus funciones”.

Además, recordó que, al crearse nuevas plazas no previstas, la CSJ debió informar al Congreso, que designó magistrados conforme al número de salas existentes.

“El Congreso nombró magistrados titulares y suplentes según las salas vigentes. Una nueva plaza debe notificarse en un plazo de 10 días. Estos cargos no pueden ser cubiertos con designaciones temporales”, puntualizó.

En 2026 se renovarán el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), procesos que han sido conflictivos en el pasado por resoluciones de salas regionales como las que ahora impulsa la CSJ.