Aunque en Guatemala la decisión de Estados Unidos de designar a las pandillas como terroristas no tiene incidencia penal, sí puede causar cierto riesgo en que busquen espacios en México o Guatemala, pero también puede ser un factor a favor para que las autoridades estadounidense dirijan cooperación para combatir ese flagelo en el territorio nacional.

La decisión del presidente Donald Trump de designar como terroristas a la Mara Salvatrucha o MS-13 estuvo acompañada de una declaración de emergencia nacional, al justificar que esa y otras organizaciones criminales, como los carteles de la droga, representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de ese país.

Cuando las pandillas son catalogadas como grupos terroristas, implica que sus acciones son tratadas de manera más severa por las leyes y pueden agravarse las penas, pues los delitos que cometan se consideran actos de terrorismo.

Los gobiernos también pueden desplegar más fuerzas de seguridad y tomar medidas especiales para enfrentar la amenaza de estos grupos, e incluso se puede aumentar el uso de inteligencia militar.

Esta designación autoriza al gobierno a que se confisquen bienes y recursos financieros de las pandillas para limitar su capacidad de operar. También enfrentan sanciones internacionales, lo que dificulta su financiamiento y expansión.

Cooperación

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dice que las normativas contra las pandillas impuestas por Estados Unidos no afectarán de forma directa, pues en Guatemala no se les identifica como terroristas, aunque no descarta un acuerdo entre ambas naciones para combatir a estos grupos criminales.

“Habría que analizar si pudiera darse más celeridad en el intercambio de información sobre estos grupos delictivos”, afirmó.

Secuelas

Para Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), si se incrementan las sanciones para las pandillas en Estados Unidos, habría un cierto nivel de riesgo de que se refugien en México y Guatemala, como sucedió cuando se implementaron las normativas contra las pandillas en El Salvador.

“Algunos fueron capturados en municipios fronterizos de Guatemala con ese país, otros incluso ya habían pasado hacia México. Es importante monitorear el actuar de los grupos criminales porque suelen operar en otros territorios específicos. El actuar de algunas clicas puede revelar que hay miembros extranjeros en el país”, explicó.

Sobre si podría haber más cooperación de parte de EE. UU. para contrarrestar a la MS-13, Menchú dijo que sí, pero dependerá de la estrategia estadounidense, pues por lo general es un tema “mediático” y no se ven acciones concretas.

“Con el narcotráfico sí se han promovido acciones y lo podemos ver con las extradiciones desde Guatemala o con personas con juicios abiertos en Estados Unidos. Solo con que se abra un juicio en contra de alguien por pertenecer a las pandillas ya se puede considerar que hay acciones concretas”, añadió.

Propaganda

A decir de Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad (FOSS), denominar a las pandillas como terroristas es solo una narrativa de propaganda que no puede lograr efectos jurídicos efectivos.

“No ayuda en nada a combatir a las pandillas como terroristas, no es un instrumento válido. Las pandillas no se pueden catalogar como terroristas. Además, las herramientas para el combate al terrorismo son diferentes”, resaltó.

Agregó: “Estamos en el bombardero de acciones de propaganda post electoral y eso no ayuda a combatir la migración, sólo genera confusión. Es una intervención equivocada de las entidades que deben combatir las pandillas”.

Para Asturias, declarar terroristas a las pandillas también puede incurrir en la violación de derechos humanos y mencionó lo que ha sucedido en El Salvador, donde hay denuncias por encarcelamientos sin procesos penales adecuados.

“Es muy delicado porque puede llevar a cometer abusos internacionales”, puntualizó.

Países afectados

Por su parte, el ex viceministro de Gobernación, Mario Mérida, recalcó que esa designación contra los grupos delictivos solo tiene injerencia en Estados Unidos, y en Guatemala seguirán con el mismo estatus social, y denominados como “maras”.

“El primer país que lidiará con ese tema es Canadá, en México dijeron que si no son de ese país los expulsarán. En el caso de Guatemala, está más cerca de aceptar ser un tercer país seguro para acogerlos”, refirió.

Mérida no ve negativo que Guatemala establezca un convenio con Estados Unidos para el intercambio de información y permita la desarticulación de estos grupos en el territorio nacional, como parte de la cooperación. Sin embargo, considera que el gobierno tendría que implementar una comisión específica para este asunto.

“No tiene que ser del ministerio de Gobernación, hay poner una estructura formal para atender ese proceso”, indicó.

Ley antipandillas

El 14 de marzo del 2024, durante la 16 sesión plenaria del Congreso, pasó a primera lectura la iniciativa de la ley antipandillas. La propuesta contempla penas más severas para los integrantes de pandillas que estén involucrados en extorsiones.

La normativa establece penas de prisión de seis a 12 años inconmutables para quienes “realicen acciones intimidatorias o de coacción en forma pública, con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos”.

Las sanciones también se impondrán a “quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales”.

“La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa”, detalla la propuesta.