El líder sindical Joviel Acevedo ha sido denunciado por desobedecer órdenes judiciales y por presuntamente dañar edificios públicos. Los hechos habrían ocurrido durante las medidas de hecho mediante las cuales se exige al Gobierno la firma de un nuevo paquete de beneficios sindicales.

La acción más reciente es una querella presentada por diputados oficialistas, la cual fue asignada al Juzgado Duodécimo Penal, instancia que tiene dos juezas designadas.

La jueza A es Nelly Eunice González, nombrada en abril pasado por decisión del grupo mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las autoridades judiciales nombraron a González en el marco de una serie de designaciones, entre ellas la de la exmagistrada Vitalina Orellana, quien integró la CSJ durante el periodo 2015-2019, extendido hasta el 2023.

La jueza B es Wendy Coloma, quien tuvo a su cargo la primera fase del Caso Trep contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Coloma fue recusada por el Ministerio Público (MP) cuando presuntamente daría medidas favorables a los magistrados.

Ahora, la querella presentada por los oficialistas contra el líder sindical de educación fue asignada a ese Juzgado, pero todavía está pendiente conocerse cuál de las dos juezas llevará el expediente.

Denuncia y querella

El abogado Édgar Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que la querella, a diferencia de una denuncia, permite a la parte que señala posibles delitos participar activamente en el proceso.

“La diferencia con la denuncia es que el querellante se constituye como parte auxiliar del caso, recordando que en delitos de acción pública la persecución penal corresponde al MP”, explicó Ortiz.

Como parte del caso, los querellantes pueden aportar fundamentos para la investigación o bien impugnar decisiones judiciales, como tratar de evitar una posible desestimación.

“Si el MP decidiera no avanzar con la investigación o no apelar una resolución del juez, el querellante puede ejercer esos derechos. Esa facultad es importante, ya que permite el acceso a herramientas durante el proceso; mientras que, con una simple denuncia, el control total lo tiene el MP”, amplió el abogado constitucionalista.

Delito grave

La querella fue presentada por los delitos de usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales. Este último, a juicio de Ortiz, es un delito grave y ha sido tratado con rigurosidad por el actual MP.

“Es un delito con pena alta, de entre 10 y 12 años de cárcel. Una fiscalía debe medir a todos con el mismo parámetro. Es el derecho de igualdad que establece la Constitución”, afirmó.

El abogado recordó que este delito ha sido objeto de investigaciones rigurosas: una contra el partido oficial por la toma del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y otra contra ciudadanos que protestaron contra el primer presupuesto del gobierno de Alejandro Giammattei.

“En 2020, durante las protestas contra el presupuesto, tres personas fueron señaladas por rayar con crayón el Congreso. Esa marca se removió con agua, pero aun así fueron perseguidos penalmente”, recordó Ortiz.

“Explíquenme, cómo no va a ser motivo de persecución similar lo que pasó en el Palacio Nacional de la Cultura, considerando que el daño fue más evidente con los muros (…) el MP tiene una lectura muy severa con este delito, y si nos guiamos con ese parámetro, sería cuestionable que en este caso no se actúe con igual severidad”, concluyó.

Otras denuncias

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha recibido varios amparos provisionales que ordenan al sindicato de Acevedo levantar las medidas de hecho. Los sindicalistas han desobedecido las resoluciones, y un juzgado ordenó que el MP investigue los hechos.

El Ministerio de Cultura y Deportes también denunció posibles daños al Palacio Nacional de la Cultura, y se prevé una ampliación de esa denuncia tras nuevos estudios técnicos.

Durante la emergencia sísmica del 8 de julio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó otra denuncia, debido a que los bloqueos del sindicato de educación impedían el auxilio a los afectados.

El MP, al ser consultado, indicó que la denuncia del Ministerio de Cultura y la de un particular fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, pero no brindó detalles sobre la querella por desobediencia ni sobre la denuncia de Conred.

Se reiteró la consulta sobre el estado de esos expedientes, pero hasta ese momento se estaba a la espera de que el Departamento de Comunicación Social del MP trasladara la información.

Por su parte, el líder sindical manifestó en una reunión en el Congreso que desconocía qué era una querella. En ese contexto, diputados oficialistas irrumpieron el encuentro para encararlo y cuestionarlo por las medidas de hecho.