El exdiputado Juan Pablo Urrea será procesado por el delito de tráfico de influencias en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud.

Urrea acudió este miércoles 23 de julio a la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, donde la jueza Abelina Cruz Toscano resolvió ligarlo a proceso penal y le otorgó arresto domiciliario como medida sustitutiva.

Como parte de las condiciones, la jueza ordenó que el exparlamentario se presente el día 30 de cada mes ante un juzgado de Mixco para firmar el libro de asistencia y le impuso una caución económica de Q20 mil.

Según el Ministerio Público (MP), Urrea habría influido sobre el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, para favorecer a dos personas afines a él.

La estructura

De acuerdo con la investigación del MP, los implicados formarían parte de una estructura criminal que operó en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014, cuyo propósito era facilitar la contratación de obras públicas y la adquisición de bienes y servicios por medio de la designación de personas cercanas a los funcionarios en puestos clave.

El MP estima que se cobraron sobornos por un total de Q53.9 millones mediante empresas contratistas que actuaron en colusión con funcionarios. El caso también señala al exministro Jorge Villavicencio —quien falleció por covid-19— y a su hija, Cándida Villavicencio Delgado, como presuntos cabecillas de esta estructura dedicada a exigir pagos ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad decretado tras el terremoto de San Marcos, así como por adjudicaciones en otras obras, compras y asignación de plazas a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.