Una investigación presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) detalló que en Guatemala, cada año, un promedio de 2 mil niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres producto de la violencia sexual y el 99% de los casos queda en la impunidad.

«Las niñas del país viven bajo un abandono estatal. Además, expuestas a un sistema judicial y de salud que al quedar embarazadas les obliga a ser madres y dejar abandonado su proyecto de vida”, indicó durante una conferencia de prensa la doctora Mirna Montenegro, quien estuvo a cargo de la investigación presentada.

Montenegro destacó que entre 2022 y 2024 se registró, por medio de datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 5 mil 937 partos en menores de 10 a 14 años.

“Lo más preocupante es que desde 2018 solo el 1 por ciento de estos casos son judicializados, ósea que solo unos 100 llegan a tribunales y esto no significa que el acusado de violación sea condenado”, destacó Montenegro.

POCA ATENCIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

La investigación de la Odhagtambién resalta que el programa gubernamental para atender a niñas víctimas de violencia sexual llamado «Vida» solo atendió en 2024 a 129 menores, pese a que 1 mil 953 resultaron embarazadas.

Además, el informe destaca que el año pasado fueron reportados 3 mil 064 casos de violencia sexual contra menores de 19 años a nivel nacional y que la mayoría se cometen contra niñas de 10 a 13 años.

Las regiones de Guatemala más golpeadas por los embarazos en menores son Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché, ubicados en el norte, así como la Ciudad de Guatemala en el centro del país.

Los registros del Ministerio de Salud, actualizados hasta febrero último, señalan que en 2024 unas 1 mil 041 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres y otras 1 mil 005 de origen mestizo también se convirtieron en madres por violencia sexual.

Montenegro advirtió que el Estado debe buscar medidas integrales para atender esta crisis y considerar como una medida urgente el prestar atención a programas preventivos, así como a mejorar las estadísticas de casos judicializados para evitar los altos niveles de impunidad actuales.