Los planes para hacer cambios en San Juan del Obispo, en la Antigua Guatemala, obligan a instar a cualquiera de las entidades cuidadoras de elementos históricos del país, a encontrar la manera de detener las obras, sobre el criterio de considerarlas obras peligrosas culturalmente, discutirlas públicamente porque una vez realizadas no habrá paso atrás. El actual riesgo de causarle daños históricos, por tanto irremediables, al municipio de San Juan del Obispo, jurisdicción de la Antigua Guatemala, aunada a las incomprensibles posiciones de las últimas dos alcaldías y el incomprensible silencio de entidades culturales, con excepción de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El paso del tiempo aumenta el valor —obviamente no el precio— de las representaciones de la cultura en todas sus manifestaciones. En la música, por ejemplo, no se puede valorar un violín de Stradivarius porque se cotiza en una cifra monetaria. Lo mismo en la arquitectura, la escultura, la pintura, porque una imagen esculpida o pintada ya sea por algún artista anónimo maya o por un famoso pintor o escultor conocido —como el italiano Miguel Ángel— tiene un valor abstracto, espiritual y dependiente de la calidad humana de quien lo juzga. Al perderse o destruirse una obra de estas, desaparece el tiempo y muere o al menos disminuye el interés por la obra. Las bombas de una guerra acaban con la Historia y aunque sean reconstruidas, ya son simples copias.

Los ciudadanos de cualquier país tienen una obligación moral para respetar el valor histórico de las obras artísticas de cualquier clase. En Guatemala sería absurdo sugerir la destrucción de la basílica de Esquipulas, de la ermita del cerro del Carmen, o del palacio nacional. Para protegerlos de malas acciones existen numerosas entidades, como en otros países. En este momento, en la Antigua Guatemala hay una lucha por salvar a San Juan del Obispo de ideas y acciones realizadas o autorizadas por alcaldes imposibilitados de entender esto, tarea tan fácil para personas con tendencias humanísticas y valores no palpables pero de gran fuerza. Por eso, y sobre la base de una emergencia nacional, se debe comprar tiempo a fin de evitar el dicho: cuchillo metido, aunque lo saquen.

En el centro de la discusión se encuentra la terminación de una escuela de dos pisos iniciado por el alcalde del Pozo, abandonada por su sucesor Asturias y con diseño y columnas delgadas. Algunos vecinos están de acuerdo, pero construirla en otro terreno, y se extrañan de por qué está planificada para 480 niños, cuando la necesidad es menor. No se sabe por qué el costo inicial de 5 millones en la alcaldía de Del Pozo, subió a 17 en el 2024 y a 27 este año. Según se sabe, en el lugar hay vestigios prehispánicos e hispano guatemaltecos, es decir de tiempos de la colonia. Por ser el terreno propiedad municipal, y a causa del mal entendido y falso alcance de la autonomía edil, el funcionario se considera a sí mismo como si fuera un rey de pueblo y por ello con poder omnímodo.

A la sesión del viernes pasado llegó el diputado Marco Alejandro Pérez, el Procurador de los Derechos Humanos, el viceministro de educación y la coordinadora local del ministerio de Educación. Les pareció correcta la propuesta de los vecinos y sugirieron emplear en otras necesidades. Aceptaron lo que hizo, regañó al representante de educación de Sacatepéquez y se manifestó contra el plan, autorizado por la gobernadora departamental. El Cocode también lo apoya, como también lo hace su presidente, un alcalde auxiliar miembro de La Antigua y por eso con conflicto de interés. El alcalde antigüeño, claro, lo apoya y no se sabe de planes para poner alcantarillado, empedrado de calles y agua potable. En suma, es un relajo y ante la posible demolición de vestigios históricos y el silencio generalizado de la sociedad civil, lo único lógico es detenerlo todo. Una Antigua Guatemala con “mejoras” de este tipo pronto dejará de tener importancia para el turismo y las actividades relacionadas.