Aunque en Guatemala lleva de cuatro a seis años finalizar una carrera universitaria, existen personas que infringen la ley al falsificar títulos de cualquier carrera y centro de estudios superiores en solo 24 horas, por lo que es imprescindible verificar que este documento que certifica la obtención de un grado académico sea auténtico.

Existen personas que no desean esforzarse en cursar y completar su educación universitaria, pero saben del lugar donde pueden ayudarlos a obtener un título fraudulento, pero parece que se les olvida que es un acto penado por la ley.

Ese lugar se encuentra al final de la 8a. avenida y 20 calle, zona 1, paradójicamente, a unos metros de la Corte Suprema de Justicia, donde funcionan varias oficinas de tramitadores, pregonando en la calle servicios relacionados con la gestión de distintos documentos. Algunos, aunque no lo divulgan a voces, también falsifican títulos universitarios.

Prensa Libre se acercó, de incógnito, a dos de ellos, para indagar qué ofrecen en cuanto a documentos ilegales. Cuando se les preguntó si podían “conseguir” títulos universitarios, contestaron de inmediato que sí, y, a la vez, inquirieron sobre qué universidad y carrera se deseaba. Dieron a entender que la elección del centro de estudios superiores podía ser cualquiera. “Le incluye todos los sellos y el registro en la Contraloría —General de Cuentas (CGC)— ”, prometió uno de ellos.

“Si es de Ingeniería, sale más barato que la licenciatura”, agregó. Rápidamente anotó en un papel cuáles eran los documentos que se debían entregar para hacer el “trámite”. Brindó, además, un número de teléfono por el cual se podía ampliar la información. “Le saldría en Q2 mil 800, pero se lo dejo en Q2 mil 500, si es de Ingeniería”, respondió al preguntarle sobre el valor del documento. Otro “tramitador” indicó que no tenía el dato exacto del valor, pues él era solo intermediario, porque era otra persona quien se los “hacía”, pero que el último que había gestionado era de médico, por Q3 mil 200. Añadió que incluye todos los sellos. “Son cien por ciento legítimos, pero no son legales. Es para trabajar en la profesión que en el título aparece”, advirtió, al añadir que el costo era de Q3 mil.

En cuanto al tiempo que les lleva entregar estos títulos fraudulentos, es de 24 horas, sorprendentemente. Uno de ellos incluso pidió como adelanto el 50 por ciento del valor, para comenzar con la “gestión”, y el resto se cancela al recibir el documento. “Primero le mando foto, para que revise si están bien todos los datos, y ya luego se lo imprimimos”, ofreció.

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Los títulos de mayor demanda son los de nivel medio, según se observó.

Por solicitud de Prensa Libre, un “tramitador” envió fotografías de algunos títulos de diferentes universidades y carreras que falsifican, con sellos y registro en la Superintendencia de Administración Tributaria y en la CGC.

Registro

La CGC registró en el 2023 172 mil 508 títulos y diplomas académicos en todo el país, de los cuales 126 mil 570 son de nivel medio, y el resto, de pregrado, grado académico —27 mil 165—, posgrado, despacho militar y subespecialidades, según la Memoria de Labores 2023 de la CGC.
En el 2024, el total de títulos y diplomas académicos registrados fue de 166 mil 442, de los cuales 113 mil 157 fueron de nivel medio, según la Memoria de Labores 2024.

La Contraloría ha habilitado un sistema de verificación de autenticidad y registro de títulos y diplomas académicos mediante aplicación móvil que lee el código QR que aparece en dicho documento. En caso de falsedad, se remite a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que proceda de conformidad a la Ley Orgánica de la CGC.

La falsedad material, que consiste en crear o modificar documentos con el fin de hacer pasar información fraudulenta como legítima, es un delito tipificado y penalizado.

Según el artículo 321 del Código Penal, quien “hiciera falsedad material al hacer en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero será sancionado de dos a seis años de prisión”. En el artículo 323 se especifica que si se falsificaran documentos privados, se sancionará de uno a tres años de cárcel. De igual forma, se castiga a quienes utilizan estos documentos, según el artículo 325, “a sabiendas de su falsedad”, con igual pena que corresponda al autor de la falsificación.

También se penaliza la usurpación, pues en el artículo 336 se establece que “quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de cinco a ocho años, y multa de Q50 mil a Q200 mil”.

La persona que ejerce una profesión con un titulo fraudulento puede causar daños y perjuicios a quienes hayan contratado sus servicios. Esta conducta puede implicar, también, otros delitos, derivados de una actuación profesional irresponsable, imprudente o negligente, advierte Gustavo García Fong, investigador del Departamento Jurídico de Asíes. Si como resultado de la falsificación resultaran afectadas otras personas, se deducirán las responsabilidades penales respectivas.

Según datos proporcionados por el Ministerio Público, han recibido en todo el país, en el 2023 y 2024, cuatro mil 14 denuncias por falsedad material; 776 por uso de documentos falsificados y 157, por usurpación de calidad.

Modus operandi

Estos falsificadores son redes que están bien organizadas y conocen a cabalidad los trámites de los títulos universitarios. Además, tienen vastos tentáculos en oficinas públicas e incluso en las universidades, según Rodrigo Montúfar, doctor en Derecho, doctor en Sociología y exdecano de una facultad universitaria.

“El trámite de títulos universitarios es complejo y dura un tiempo considerable —meses—, porque pasan por varios controles. Es increíble cómo las redes criminales han llegado a conocer los pormenores del proceso de emisión de estos documentos”, añade.

Los cómplices podrían ser personas que hayan trabajado en una universidad o, posiblemente, todavía laboran en ella; empleados inescrupulosos que se prestan a ese tipo de delito, recalca.

“No solo es delincuente el falsificador, sino el que lo busca. Tanto peca el que ofrece, como el que pide, dice un viejo refrán. El crimen organizado actúa en este campo, debido a que muchas personas desean ostentar un título universitario, aunque no se lo hayan ganado con los estudios, exámenes y prácticas requeridas, que representan un verdadero sacrificio de tiempo, esfuerzo y recursos”, destaca.

Medidas

La verificación y confrontación de títulos universitarios deben estar a cargo de los centros de estudios superiores, para evitar que se emitan documentos falsos. Existe un instructivo de confrontación de documentos de preparación académica, emitido por la Oficina Nacional de Servicio Civil, muy útil para llevar un control estricto de la validez de cada título universitario, explica Montúfar.

Entre los 12 lineamientos generales que aparecen en este documento, el cual se puede consultar en la web, está tener a la vista el original y fotocopia de la preparación académica, hacer el análisis del documento original, con los nombres, puestos, rúbrica de la persona que firma y los sellos oficiales de las instituciones responsables de extender los documentos; verificar que el formato no presente irregularidades en su impresión y que el documento original tenga las fechas de extensión y los números de registros o códigos correspondientes. Además, se debe corroborar con instituciones como el Ministerio de Educación, la CGC, universidades y colegios profesionales sobre su legitimidad.

Antes de sellar un título, La CGC también se cerciora de que el interesado sea el verdadero graduado.

La Dirección de Títulos y Diplomas de la CGC indica que entre sus facultades está la de verificar si el documento fue expedido por la universidad correspondiente, mediante un usuario de consulta. La mayoría de casas de estudios superiores han facilitado este método y, en otros casos, envían de forma digital las listas de los títulos emitidos. “Es importante que, en el caso de los empleadores u otros entes interesados, implementen procesos de verificación para determinar si los títulos son auténticos”, destaca.

“He sido decano y puedo asegurar que en la mayoría de las facultades de las universidades nacionales se lleva un estricto control desde la emisión de un título hasta las firmas de rector, secretarios y decanos, que son las que aparecen, usualmente”, asegura Montúfar.

Las casas de estudios superiores suelen tener en sus archivos las características tipográficas, dimensiones, tipo y color del papel o cartulina, entre otros aspectos, del documento que se expedirá, afirma García Fong. Generalmente, esta disposición se encuentra normada en algún instructivo o reglamento interno utilizado para ese fin.

“Es necesario que las autoridades actúen drásticamente y apliquen sanciones severas a los falsificadores, para lograr disuadirlos”, opina Montúfar.. “Si todo esto sucede con títulos de las universidades nacionales, qué podemos decir de títulos provenientes de universidades de otros países.

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Generalmente, deberían venir con los sellos y legalizaciones de los gobiernos respectivos, pero hay graduados que no desean realizar el trámite y traen los títulos tal cual, sin ninguna clase de legalización. Esta situación puede ser aprovechada por las redes criminales para falsificar títulos de universidades extranjeras”, advierte.

Según el artículo 87 de la Constitución Política de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario, amparados por tratados internacionales.

Antecedentes mediáticos

• El 14 de octubre del 2020, el Ministerio Público divulgó la sentencia condenatoria en contra de un sujeto que laboró en el 2017 en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y que, para optar a dicha plaza, utilizó un título falsificado de bachiller en Ciencias y Letras.
• En el 2021 se dio a conocer que Ranulfo Rojas y Marco Antonio Cornejo, integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), habían presentado títulos de posgrado por la Universidad Da Vinci para postularse como candidatos a magistrados del TSE, los cuales resultaron ser inválidos.
• El libro Rompiendo paradigmas (2014), del expresidenciable Manuel Baldizón, contenía textos de otros autores sin acreditación ni referencia, lo que constituía plagio.