La Red de Centros de Pensamiento —integrada por CIEN, ICEFI, FLACSO, FUNDESA y Fundación Libertad y Desarrollo— lanzó una advertencia contundente sobre el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

En un comunicado fechado el 4 de octubre de 2026, las organizaciones señalan que el proyecto presentado por el Ejecutivo marca una ruptura con la disciplina fiscal histórica de Guatemala, justo en un año electoral, y podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

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CRECIMIENTO DEL GASTO

El primer punto crítico es el crecimiento del gasto, que aumenta 14 % respecto a 2026 y eleva el déficit fiscal a 4.4 % del PIB, un nivel comparable al de 2020, cuando se aprobaron medidas extraordinarias por la pandemia. Para cubrir ese déficit, el Gobierno propone emitir Q42,750 millones en bonos del Tesoro, “monto que casi duplica lo autorizado para 2026”, según el documento.

La Red subraya que más de la mitad de ese endeudamiento (53.6 %) financiaría gastos de funcionamiento, profundizando una práctica que consideran peligrosa: usar deuda para cubrir gastos recurrentes. “En el largo plazo, esta práctica puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, advierten.

A esto se suma un estancamiento en la carga tributaria, que se mantiene alrededor del 12 % del PIB, mientras los gastos crecen más rápido que los ingresos. El comunicado enfatiza que, de aprobarse el proyecto tal como está, los ingresos totales del Gobierno serían menores que los gastos de funcionamiento, una señal de desequilibrio estructural.

Otro foco de preocupación es el incremento del 38 % en las asignaciones para Secretarías de la Presidencia y dependencias del Ejecutivo, incluyendo un aumento de 2,000 puestos de trabajo en pleno año electoral. Para los centros de pensamiento, este crecimiento “genera dudas sobre el objetivo real de estas nuevas contrataciones”.

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EL DILEMA DE LOS CODEDES

La Red también cuestiona la continuidad de los aportes extraordinarios a los CODEDES, cuyo presupuesto vigente supera los Q15,000 millones, similar al del Ministerio de Salud.

Señalan que la posibilidad de arrastrar fondos no ejecutados fomenta la ineficiencia: en 2025 ejecutaron solo 62 % de lo asignado y, a octubre de 2026, no superan el 30 %. A esto se suma “la falta de transparencia en el uso de los recursos”, un riesgo que podría agravarse en el contexto electoral.

Finalmente, los centros de pensamiento denuncian que los resultados estratégicos siguen desvinculados del presupuesto, pese a que la Ley Orgánica del Presupuesto exige lo contrario. Aunque el proyecto incluye indicadores y metas, “no se les da seguimiento ni se evalúan los resultados del año anterior”, lo que debilita la planificación basada en evidencia.

En conjunto, estos elementos revelan —según la Red— una tendencia negativa en la gestión fiscal, que podría poner en riesgo la estabilidad que ha caracterizado a Guatemala por décadas.

Por ello, hacen un llamado directo al Congreso para revertir el gasto expansivo, frenar el endeudamiento creciente y evitar reformas tributarias sin respaldo técnico. También recuerdan que el artículo 240 de la Constitución exige definir fuentes claras de financiamiento para cualquier nueva obligación de gasto, algo que no se cumple cuando se recurre a readecuaciones o saldos de caja.

La postura de la Red busca colocar el debate fiscal en el centro de la discusión legislativa, advirtiendo que el Presupuesto 2027 no solo define el rumbo del próximo año, sino la credibilidad financiera del país en el largo plazo.