El presidente Bernardo Arévalo tiene entre las manos una brasa caliente. El pasado 2 de septiembre, 108 diputados aprobaron el decreto 7-2025, que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con los fondos no ejecutados en el año fiscal y utilizarlos en el 2026 sin ningún control, lo cual facilitaría el desenfrenado dispendio de fondos públicos para la próxima campaña electoral. En dos platos: esa normativa abre la puerta de par en par a la corrupción, por algo lleva el sello distintivo del diputado Allan Rodríguez, que así podría contar con recursos ilimitados como en los buenos tiempos que disfrutó durante el gobierno de Giammattei.

Si el mandatario quiere refrendar su ofrecimiento de luchar contra la corrupción, es claro que debe vetar esa ley. Sin embargo, tal medida tiene serias implicaciones negativas en el Legislativo, por el fortalecimiento de la alianza opositora en el Congreso y el desgaste de su imagen en el área rural, donde un alto porcentaje de alcaldes estaría dispuesto a llamar a manifestaciones en su contra.

La nueva disposición es sumamente peligrosa. En tan solo cuatro artículos reforma la Ley del Presupuesto para que los Codedes ya no devuelvan los recursos no utilizados en el año fiscal. Por ejemplo, este 2025, los Codedes solo han ejecutado el 29 por ciento, y el resto quedaría para la piñata. Con eso se crearía una bolsa paralela de fondos sin el control que define la Constitución. El decreto viola en forma flagrante el principio de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Con esta nueva norma, la ejecución quedaría de manera ininterrumpida, sin respetar tiempos en la utilización de los recursos públicos.

Además, plantea que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no reciba respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes. Eso implicaría que el dinero fluya de Finanzas a las municipalidades sin control de ningún tipo. Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

La normativa fue aprobada tras la concreción de una alianza entre los diputados Allan Rodríguez y Luis Aguirre, quienes verían en esta monstruosidad de ley la oportunidad de contar con recursos frescos para la próxima campaña electoral. La voracidad de tener acceso a Q9 mil millones de fondos no ejecutados por los Codedes hizo la magia para que la iniciativa fuera aprobada sin dictamen y de urgencia nacional.

La perspectiva de que se formalice la rapiña del presupuesto que procede de nuestros impuestos obliga al presidente Arévalo a vetar esta norma. Tal medida no estará exenta de contratiempos para la maltrecha gestión gubernamental. El veto podría impactar en forma negativa en la aprobación por el Congreso del presupuesto nacional del 2026 y la conformación de la nueva junta directiva del Legislativo, así como el aumento del descontento popular en el área rural, azuzado por los alcaldes que están en contra del veto.

Pese a ello, es importante entender que la política es el arte de hacer lo posible, como lo expresara Bismarck. El veto no debería ser obstáculo para que el presidente Arévalo busque acercamientos con el Legislativo y la Asamblea Nacional de Municipalidades para explorar alternativas que permitan agilizar la ejecución de los fondos de los Codedes, sin que eso signifique violentar la transparencia en el gasto y se garantice la debida supervisión de las obras.