El Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), bajo la dirección de Elon Musk, ha centrado sus esfuerzos en identificar y eliminar el gasto público ineficiente en Estados Unidos. Musk, empresario innovador, fundador de empresas como Tesla, SpaceX y Starlink, es mejor conocido como el hombre más rico del mundo. Propuso que Doge podría encontrar la manera de recortar dramáticamente el gasto público mediante la eliminación de organizaciones redundantes y la reducción de gasto superfluo. Su labor ha revelado casos significativos de malversación y asignación cuestionable de fondos federales, especialmente en organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

A nadie sorprende que aparatos de gobierno financian programas que tienen poca o ninguna relación con su función y misión, consumiendo recursos en actividades que no agregan valor. Crecen sin rendir cuentas o producir resultados en las funciones para las que fueron creadas.

Doge ha destapado ollas con gusanos; denunció cómo Usaid dedica fondos públicos a programas bizarros. Ha financiado a organizaciones vinculadas con actividades terroristas; suministro de alimentos a combatientes afiliados a Al Qaeda en Siria; apoyo a la producción de heroína en Afganistán; promover la igualdad, inclusión y diversidad en Serbia; una ópera transgénero en Colombia y un cómic transgénero en Perú; cirugías y hormonas para cambio de sexo en Guatemala y US$20 millones para producir una versión de Plaza Sésamo en Irak. Usaid ha dedicado enormes cantidades de recursos a promover las causas ideológicas de sus funcionarios y burocracia y a interferir en actividades políticas y mediáticas en otros países. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la cancelación de más del 80% de los programas de Usaid, considerados contraproducentes y perjudiciales para los intereses nacionales de EE. UU.

Doge también descubrió que, días antes de la toma de posesión del presidente Trump, la administración Biden modificó un fondo de US$20 mil millones destinado a programas ambientales. Estos fondos fueron distribuidos apresuradamente a varias organizaciones climáticas de izquierda con mínima supervisión. Por ejemplo, la EPA otorgó US$2 mil millones a Power Forward Communities, una organización no gubernamental (ONG) vinculada a Stacey Abrams, una activista política del Partido Demócrata. Esta organización de reciente creación reportó solo US$100 en ingresos en 2023, pero fue seleccionada para recibir miles de millones de dólares sin tener experiencia alguna en la administración de fondos o proyectos. Seguramente hay muchas ONG que hacen excelente labor. No deja de ser paradójico que muchas organizaciones no gubernamentales son financiadas principalmente por gobiernos. Financian a ONG para hacer lo que el gobierno no quiere, puede o debe hacer directamente. Típicamente, algún departamento de gobierno u organismo multilateral trasladará una fuerte suma a una ONG que “sabe cómo hacerlo”, que distribuirá los recursos a otras ONG “locales” en una secuencia de intermediarios. El secreto es conocer los canales para obtener los fondos, saber cómo elaborar las propuestas y, especialmente, hacer informes. Se crea una cadena de informes para arriba hasta que Usaid, por ejemplo, justifica cómo los recursos fueron usados para promover el desarrollo y brindar “ayuda”.

Todo país y gobierno cuenta con alguna versión de contraloría general de cuentas y de comisión contra la corrupción. Doge es inspirador, como es Milei en Argentina.