El Congreso de la República perdió una demanda contra 30 trabajadores, lo que implica que ahora el Organismo Legislativo deba pagar un monto de más de Q4 millones para pagar lo adeudado a cada trabajador que dejó de percibir salario desde el año 2017.

Treinta trabajadores del Congreso de la República ganaron una demanda laboral que cuestionaba la reforma implementada en 2016 durante la presidencia de Mario Taracena. Dicha reforma limitó el incremento salarial del 10% anual, establecido en un pacto colectivo para los empleados bajo el renglón 011, modificando la forma en que se aplicaba el aumento.

El fallo obliga al Organismo Legislativo a pagar de manera retroactiva los aumentos que dejaron de percibir entre enero de 2017 y la fecha actual. El desembolso será millonario, ya que el Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social determinó que el incremento del 10% debe integrarse al salario base de los trabajadores, sin importar el monto percibido.

La reforma de 2016 buscaba reducir los altos salarios en el Congreso. Según lo establecido, el aumento del 10% se calculaba cada año sobre el salario base inicial, sin acumularse, y los ajustes salariales se trasladaban al renglón 015. Esto afectó a los empleados bajo el renglón 011, quienes decidieron presentar demandas laborales en contra de esta medida.

Xiomara Conde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), explicó que el grupo de 30 trabajadores beneficiados con el fallo inicialmente presentó demandas por separado, pero luego se unieron al sindicato. Aunque la dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso presentó recursos legales para revertir el fallo, una Sala de Trabajo ratificó la decisión del juzgado, dejando en firme la obligación del Congreso de cumplir con los pagos retroactivos.

Por medio de la Dirección de Comunicación Social del Congreso, indicaron que:

“Las diferentes direcciones de este alto organismo de Estado están realizando las gestiones financieras y legales para dar cumplimiento a la orden del juez”.

Ante ello, Xiomara Conde explicó que hay documentos que comprueban que sí existen los fondos disponibles, ya que la unidad de Acceso a la Información Pública, tiene más de 13 millones disponibles que son parte de esos montos retenidos a los trabajadores.

Hasta ahora, no hay certeza del monto que tendría que desembolsar el Legislativo para cumplir con la sentencia, ya que ni las autoridades ni los trabajadores han querido referirse al tema, además que los montos también varían ya que cada trabajador tiene un sueldo base diferente, pero lo que sí es un hecho, es que el pago debe hacerse efectivo este 17 de diciembre, ya que la resolución del juez así lo estipula.

Sin embargo, se conoce que quienes demandaron tienen sueldos que van desde los Q15 mil hasta los Q29 mil o más. A ellos, les tendrían que cancelar el retroactivo del incremento del 10% que les tocaba por cada año desde 2017 a la fecha, pero tomando en cuenta solo su salario base.

En este caso, la sentencia no solo le otorgaría al empleado un pago superior a los Q137 mil por los aumentos que no recibió en los años anteriores, sino que también tendría una nivelación en su sueldo base, pasando de los Q10 mil, que recibía en 2017, a casi Q19 mil 500 para este 2024.

Es decir que el Legislativo tendría que desembolsar un aproximado de Q4.1 millones solo para pagarles lo adeudado a los 30 trabajadores que ganaron la demanda.

De acuerdo a la Secretaria General del Sindicato, esto sirve como un precedente no solo para el sector público, sino también privado, para que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y a poner las denuncias que sean necesarias cuando el trato sea injusto.

Hasta ahora, se conoce que hay por lo menos cuatro grupos más con demandas similares a la que ganó el grupo en mención. Todos ellos han seguido de cerca el caso, ya que consideran que la resolución emitida por el Juzgado de Trabajo sienta precedentes que les favorecerán en el futuro, por condiciones similares.

Por Bryan Choy