La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y la Comisión de Defensa, del Congreso, emitieron el dictamen favorable a la iniciativa 6564, Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM). El proyecto busca nivelar las pensiones al salario mínimo no agrícola.

La propuesta de ley fue presentada el 8 de julio pasado por varios diputados, entre ellos, Jairo Orellana, Luis Aguirre, Byron Leonidas Tejeda, Sergio Arana, César Rodas Cardona y Julio Portillo.

La iniciativa planteaba que el Estado comprometiera Q5 mil 300 millones en los siguientes 20 años para capitalizar al IPM.

Proponía tres tipos de nivelación a los pensionados: un incremento de Q1 mil para todas las pensiones menores a Q6 mil; para quienes ya reciben más de esos Q6 mil, el monto será proporcional para que no sobrepasen los Q7 mil; y a las pensiones que —aun con ese incremento— no superen los Q3 mil 973 del salario mínimo no agrícola vigente este año, se les otorgará un incremento adicional para alcanzar dichos monto, que según la iniciativa, es el caso del 74% de los pensionados.

Es decir que, si la ley es aprobada, los pensionados recibirán entre Q3 mil 973 y Q7 mil. Hasta el año pasado, eran siete mil 430 los jubilados del IPM.

“Con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, se lee en la justificación de la iniciativa de ley.

La cuota de dignificación también será tomada en cuenta para la pensión que heredan sus familiares, en caso de fallecimiento del veterano castrense.

Además, si la iniciativa es aprobada, los montos se financiarán desde el Presupuesto General del Estado, con aportes extraordinarios que estaría obligado el Ejecutivo a desembolsar.

Modificaciones

Tanto la comisión de Finanzas como la de Defensa presentaron sus dictámenes positivos para la propuesta de ley; sin embargo, se incluyeron cambios a la original.

La iniciativa proponía un aporte anual al IPM de Q160 millones, para financiar la Asignación de Dignificación, un monto que se podría incrementar según el número de pensionados inscritos cada año en el IPM.

Además, se incluía un aporte extraordinario de Q265 millones durante 20 años para fortalecer el IPM. Estos fondos serían financiados con ingresos tributarios, saldos de caja y bonos del Tesoro colocados en el mercado interno y externo.

La Comisión de Finanzas concluyó que la nivelación de las pensiones responde a intereses sociales, pero “no se considera el apoyo financiero al IPM —de Q160 millones al año— para preservar su sostenibilidad; es un aspecto que se evaluará posteriormente y que por el momento debe ser discutido como aportes extraordinarios en el presupuesto anual del Estado”.

Por su parte, la sala de Defensa condicionó el dictamen a que se cambie el aporte extraordinario a Q115 millones en cinco años —se proponían Q265 millones por 20 años—.

También se cambió el aporte anual para cumplir con la cuota de dignificación, el cual —según la comisión de Defensa— debe ser de Q120 millones, Q40 millones menos que lo redactado en la iniciativa.

Origen

La propuesta de ley nació en junio de este año y fue promovida por el mismo IPM en la Comisión de Defensa.

En ese momento, el jefe de la institución, Mario Baeza, justificó que el IPM tiene una crisis insostenible y que ha sido agravada por decisiones políticas.

La crisis histórica del IPM se vio marcada por un aumento en las jubilaciones a partir de 1998, y en el 2004 por la desmovilización militar.

El déficit es de más de Q380 millones. En los últimos 10 años, el IPM tiene un déficit de entre Q10 y Q90 millones, a excepción del 2023. En esa ocasión, el entonces presidente, Alejandro Giammattei, otorgó un aporte extraordinario de Q900 millones, lo cual permitió que la institución cerrase el año con Q50 millones de superávit.

Hallazgos

En el pasado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha señalado irregularidades en el uso de los fondos del IPM. La más reciente fue en el 2024, cuando la CGC determinó que las autoridades habían incumplido con dar seguimiento a Q88.5 millones por inversiones en el extranjero.

Ese mismo año, la CGC interpuso dos denuncias por irregularidades en Q159 millones. Los hallazgos fueron de inversiones sin utilidades, bienes inmuebles sin utilizar, préstamos incobrables y falta de rendición de informes para fiscalizar.

Además, entre el 2020 y el 2023, se señaló que empresas donde el IPM controlaba más del 85% de las acciones habían obtenido contratos con el Estado por hasta Q35 millones en total.