La población guatemalteca vive y padece el alza en los productos de la canasta básica. Las causales de tal carestía varían, desde costos internacionales hasta los del transporte de carga, que se han visto aumentados por las limitaciones viales y los socavones sin resolver. Esos factores son, a la larga, indistintos para el ciudadano de a pie, y es cuestión del gobierno monitorearlos con habilidad para detectar variables que puedan ser atajadas. El ama de casa llega al mercado y se topa con que el repollo que valía Q10 ahora cuesta Q20; que de pagar Q10 por tres libras de papa ahora desembolsa Q7 por una libra, y eso por no mencionar la carne de res, para preparar el almuerzo, la cena, el desayuno de los niños o la refacción, además del encarecimiento del transporte, la electricidad, el agua, etcétera.

Valga la anterior enumeración para visualizar el desafío de muchísimos hogares guatemaltecos para suplir el sustento diario, un reto que se torna aún más cuesta arriba en áreas rurales como el Corredor Seco, que es donde predomina el desempleo y, con ello, la desnutrición crónica y aguda. Esto no significa que en áreas urbanas no exista la agonía de llegar a fin de quincena o de mes arañando los quetzales y echándole más agua al caldo para que alcance.

Y es ante esa realidad que resulta un insulto, una mofa, una desfachatez el voto de 87 legisladores indolentes e insolentes, emitido en la oscuridad de la madrugada del 27 de noviembre en el pleno del Congreso, a favor de un aumento de sueldo por 29 mil 990, a más de Q46 mil mensuales, so pretexto de que no les alcanza para cubrir sus expensas. La diferencia es abismal frente a los Q3 mil 973 del salario mínimo. Los diputados tienen el ingreso de un profesional liberal, a pesar de que varios no pasaron de la secundaria.

Más dolosa aún es la ambigüedad con que se ha manejado el tema desde enero en ese organismo. La Corte de Constitucionalidad dictaminó que la burda enmienda de curul que dio origen a dicho aumento debe ser abordada y discutida en el pleno. A la luz del reclamo ciudadano, de las advertencias de analistas y entes técnicos en contra de la disposición, la única medida válida del pleno debe ser desechar el pretendido incremento. El acta 10-2025, mediante la cual la directiva del Congreso habría avalado subir el sueldo de los diputados, no solo es una extralimitación, sino que contraviene el fallo de la CC, pero, además, constituye una burla aumentada a la inteligencia ciudadana.

Se podría inferir que para la negociación de la actual directiva, para la aprobación del Presupuesto 2025 y para la reciente y cuestionada ampliación al gasto a fin de “legalizar” el bolsón clientelar de los Codedes, el aumento salarial pudo haber sido una ficha de cambio, y de ahí la resistencia a derogarlo; sin embargo, el repudio generalizado a mejorar los emolumentos diputadiles lo ha convertido en una brasa que nadie quiere coger ni asumir. La estrategia, por tanto, era esperar que se enfriara… pero eso no ocurrirá porque los diputados no deben legislar para autobeneficiarse. Si se atrevieran a dar la cara y preguntaran al ciudadano agobiado por la economía si les otorga un aumento, tendrían su respuesta. Ya la saben, por eso el afán de ocultación.

El primer punto de la plenaria de hoy debería tener una moción privilegiada en la cual se discuta el pretendido, oneroso e inviable aumento, cuyo método de aprobación desnaturaliza del todo la función del Legislativo. Si algún diputado o diputada siente, cree y está convencido de que el sueldo actual no le conviene, tiene la opción de renunciar para dejar de perder su tiempo y dedicarse a labores que sí respondan a sus expectativas. El Congreso es para servir, no para servirse.