Centros de pensamiento alzan la voz en alerta: exigen revisión técnica antes de aprobar nueva Ley de Contrataciones
La sustitución de la Ley de Contrataciones del Estado plantea un cambio de alcance para la administración de los recursos públicos, desde la compra de medicamentos y suministros hasta la adjudicación de carreteras y proyectos de infraestructura. Sin embargo, la modernización de ese sistema requiere algo más que nuevas reglas. Siete centros de pensamiento advierten […]
La sustitución de la Ley de Contrataciones del Estado plantea un cambio de alcance para la administración de los recursos públicos, desde la compra de medicamentos y suministros hasta la adjudicación de carreteras y proyectos de infraestructura.
Sin embargo, la modernización de ese sistema requiere algo más que nuevas reglas.
Siete centros de pensamiento advierten que la iniciativa 6688 debe pasar por una revisión técnica y un proceso de discusión legislativa que permita identificar vacíos, prevenir espacios de discrecionalidad y preparar a las instituciones para aplicar el nuevo régimen.
A través de una postura conjunta, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO), Fundación 2020, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y Fundación Libertad y Desarrollo (FLD) consideran que aprobar la propuesta sin ese análisis podría generar incertidumbre en las contrataciones y afectar la ejecución de obras y servicios públicos.
Una nueva Ley de Contrataciones Públicas puede convertirse en una de las reformas más importantes para mejorar el uso de los recursos del Estado, pero también podría abrir riesgos si se aprueba sin suficiente análisis, según los centros de pensamiento.
La iniciativa 6688, que propone sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado, permanece sin avances hacia su aprobación en el Congreso de la República.
Fue presentada por el Organismo Ejecutivo en noviembre de 2025 y trasladada a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su análisis, la propuesta no cuenta con un dictamen favorable ni ha llegado a una votación en el pleno.
Mientras tanto, continúa vigente el Decreto 57-92, que regula las compras, contrataciones y ejecución de obras de las instituciones públicas.
¿QUÉ BUSCA LA NORMA?
La propuesta busca sustituir de manera integral a la actual Ley de Contrataciones del Estado y establecer nuevas reglas para que las instituciones públicas compren bienes, contraten servicios y ejecuten obras.
Su alcance es amplio: no se trata de modificar un procedimiento aislado, sino de transformar el marco que determina cómo se utiliza una parte importante del presupuesto público.
Por eso, las organizaciones consideran indispensable revisar a profundidad el texto, las enmiendas que se estén planteando y las consecuencias prácticas de cada disposición antes de someterlo a votación.
El debate tiene efectos directos en la vida cotidiana.
Cuando un hospital necesita adquirir medicamentos, cuando una escuela requiere mobiliario o cuando una municipalidad contrata la reparación de una carretera, las reglas de contratación determinan quién puede participar, cómo se comparan las ofertas, bajo qué condiciones se adjudica y qué controles existen para garantizar que el dinero público se utilice correctamente.
Una legislación bien diseñada puede aumentar la competencia, reducir costos y mejorar la calidad de las compras; una normativa con vacíos o controles insuficientes puede producir el efecto contrario.
RIESGO DE LAGUNAS
Uno de los principales riesgos señalados por los centros de pensamiento es que una aprobación apresurada deje abiertas vías para ampliar injustificadamente las compras directas o modificar contratos que ya fueron adjudicados, sin mecanismos suficientes de supervisión.
En términos prácticos, esto podría debilitar la competencia entre proveedores y reducir la transparencia sobre por qué una institución eligió a determinada empresa o decidió cambiar las condiciones de un contrato.
En una obra pública, por ejemplo, las modificaciones contractuales pueden tener consecuencias sobre el costo final, los plazos de entrega y la calidad de lo construido.
Las organizaciones no cuestionan la necesidad de modernizar el sistema. Por el contrario, reconocen que la iniciativa contiene propuestas valiosas y que ha recibido aportes de distintos sectores.
Su preocupación es que el alcance de la reforma y su futura operación requieren un examen más profundo, especialmente porque los cambios legislativos pueden tener consecuencias no previstas si no se evalúan sus controles, procedimientos y capacidad de aplicación.
TRANSICIÓN ORDENADA
Otro de los aspectos que consideran críticos es que una ley puede establecer procedimientos modernos sobre el papel, pero si las instituciones no cuentan con reglamentos, sistemas informáticos, personal capacitado y responsabilidades claramente definidas, su entrada en vigor puede provocar incertidumbre y retrasos.
Esto podría afectar desde la compra de insumos esenciales hasta la licitación de carreteras, escuelas, hospitales y otros proyectos de inversión pública. El riesgo es que una reforma concebida para hacer más eficiente al Estado termine paralizando temporalmente procesos que deben continuar funcionando.
Los siete centros de pensamiento plantean tres condiciones antes de que el Congreso vote la iniciativa:
Transparencia en el contenido: Publicar el texto consolidado, las observaciones técnicas recibidas y las propuestas de enmiendas, junto con la justificación de los cambios.
Revisión técnica de fondo: Encargar a la comisión legislativa competente o a una mesa especializada el análisis de la iniciativa, con audiencias públicas, memorias de las sesiones y un dictamen que explique cómo se atendieron las observaciones y qué controles se incorporaron.
Plan de transición e implementación: Establecer plazos y responsables para preparar los reglamentos, las plataformas tecnológicas y las instituciones encargadas de aplicar la nueva normativa antes de sustituir la ley vigente.
También implica prever la continuidad de los procedimientos en curso, para evitar que el cambio legal se traduzca en interrupciones de compras, contrataciones u obras públicas.
¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA 6688?
La Iniciativa 6688 (busca sustituir la ley vigente desde 1992 para modernizar y transparentar el sistema de compras del Estado.
Entre sus principales aspectos establece:
Creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas: Integra normas, procedimientos, plataformas digitales y órganos especializados para ordenar las adquisiciones públicas.
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas: Propone crear este órgano para resolver recursos de apelación, inconformidades y quejas de manera imparcial.
Nuevos umbrales para las compras del Estado:
Compra menor: Hasta Q35 mil
Compra simplificada: De Q35 mil a Q300 mil
Cotización: De Q300 mil a Q2 millones
Licitación: A partir de Q2,000,000
Uso de herramientas electrónicas: Fortalece el uso de plataformas como Guatecompras para agilizar los procesos y fomentar la participación y fiscalización ciudadana.
Profesionalización del comprador público: Busca capacitar al personal encargado de las compras para reducir la discrecionalidad y prevenir la corrupción.
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DISCUSIÓN RELEVANTE
El Congreso tiene, por tanto, una oportunidad para construir una legislación que fortalezca la transparencia y la competencia, pero también la capacidad del Estado para ejecutar proyectos y prestar servicios.
Para los analistas, la discusión ordinaria no debe entenderse como un obstáculo para modernizar las contrataciones, sino como una garantía para examinar una reforma que tendrá efectos de largo alcance. La rapidez de aprobación no debería ser el principal indicador de éxito de una ley de esta magnitud.
La pregunta central no es si Guatemala necesita una nueva Ley de Contrataciones Públicas —la modernización es necesaria—, sino si el país tendrá reglas mejores, controles suficientes y capacidad institucional para aplicarlas.
Aprobarla sin el análisis y la preparación adecuados podría comprometer precisamente los objetivos que busca alcanzar. Proteger el dinero de los guatemaltecos exige una ley técnicamente sólida, transparente y diseñada para que cada compra pública se traduzca en mejores obras y servicios para la población.
LEY ACTUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
La actual Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto 57-92 y vigente desde 1992, establece las reglas que deben seguir las instituciones públicas para comprar bienes, contratar servicios y ejecutar obras con recursos del Estado.
La normativa comprende a dependencias del Gobierno central, entidades descentralizadas y autónomas, municipalidades y otras instituciones que administran fondos públicos.
El marco legal regula las distintas modalidades de adquisición según el monto de las operaciones. Estas incluyen la compra de baja cuantía, la compra directa, la cotización y la licitación pública.
La ley contempla mecanismos de publicidad y transparencia mediante GUATECOMPRAS, el sistema electrónico en el que las instituciones deben publicar información sobre sus procesos de adquisición, desde las convocatorias hasta las adjudicaciones y modificaciones contractuales. Además, establece responsabilidades para los funcionarios y las juntas encargadas de evaluar y adjudicar las ofertas.
La iniciativa 6688 busca sustituir integralmente este marco normativo. Por ello, su discusión no solo implica cambiar los procedimientos de compra, sino revisar las reglas bajo las cuales el Estado compromete y ejecuta recursos públicos.
SE PRONUNCIAN POR APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
La coincidencia de los siete centros de pensamiento en torno a la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas no es un hecho aislado.
El pasado 4 de octubre, las mismas organizaciones —ASIES, CIEN, FUNDESA, FLACSO, Fundación 2020, ICEFI y Fundación Libertad y Desarrollo (FLD)— suscribieron un pronunciamiento conjunto sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.
En esa ocasión, las organizaciones cuestionaron el crecimiento del gasto público, el déficit fiscal proyectado de 4.4% del PIB y el endeudamiento previsto por Q42 mil 750 millones.
También señalaron aspectos relacionados con el financiamiento de gastos de funcionamiento mediante deuda y la creación de nuevas plazas en dependencias del Ejecutivo durante un año electoral.
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