El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conoció en 2019 el caso de “Fátima”, una niña que fue violada en reiteradas ocasiones por el exdirector de una guardería pública de Guatemala. Los expertos concluyeron que el país es responsable de haberla forzado a un embarazo y maternidad no deseados.

El caso de “Fátima” podría ser uno de tantos que quedan en la impunidad y solo son parte de las estadísticas del país; sin embargo, el Comité concluyó que Guatemala violó los derechos de la niña, obligándola a continuar con la gestación y a asumir la maternidad, lo que vulneró sus derechos a una vida digna y a la autonomía reproductiva, y constituyó también un trato comparable a la tortura.

“Este es el cuarto caso que el Comité ha examinado recientemente sobre situaciones similares terribles ocurridas en otros Estados de la subregión”, señaló Hélène Tigroudja, integrante del Comité.

Añadió: “Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo le arrebata su dignidad, su futuro y sus derechos más fundamentales. Esto no es solo una violación de la autonomía reproductiva, es un acto de profunda crueldad”.

Según el Comité, “Fátima” tenía 14 años cuando quedó embarazada, producto de la violación del exdirector de la guardería pública a la que asistía. El informe detalla que las violaciones ocurrieron después de que ella dejara de asistir a la institución, pues su agresor mantuvo contacto con la familia y se ganó su confianza brindándole apoyo económico. Sin embargo, cuando la madre de la pequeña se enteró de los abusos, los denunció y luego fue sobornada y amenazada por el agresor y por su familia.

El Comité refiere que, a pesar de nueve años de litigio, el agresor logró evadir la justicia.

“Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, ‘Fátima’ ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad”, detalla el Comité.

Ante la imposibilidad de obtener justicia y reparación en Guatemala, “Fátima” llevó su caso ante el Comité, pues consideró que se violaron sus derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

“Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada y de impunidad sistemática frente a la violencia sexual. Aunque el Código Penal guatemalteco permite el aborto en situaciones específicas para evitar un riesgo sobre la vida de la madre, en la práctica, el acceso al aborto legal es prácticamente imposible”, destaca el Comité.

Agrega: “A pesar de los riesgos previsibles de un embarazo y un parto a su corta edad, ‘Fátima’ estuvo obligada a llevar su embarazo a término. Tras un parto traumático y casi fatal, también se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado”.

Añade que la violencia sexual y el embarazo forzado le causaron profundos sufrimientos que la llevaron a dos intentos de suicidio como única manera de escapar de la maternidad forzada.

Nueve años después, el niño nacido de la violación vive con la madre de “Fátima”, quien cubre los gastos de alimentación, ropa y educación.

Conclusiones

El Comité concluyó que Guatemala violó el derecho de “Fátima” a la vida, protegido por el artículo 6 del PIDCP, recordando que este derecho también implica el derecho a vivir con dignidad y que requiere que los Estados adopten medidas positivas para garantizar el derecho pleno a la salud sexual y reproductiva.

“El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión, sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los derechos humanos”, afirmó Tigroudja.

El Comité también concluyó que Guatemala violó el artículo 7 del Pacto, que prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, dado que el Pacto se refiere no solo al dolor físico, sino también al sufrimiento moral.

“Además del trauma de las violaciones, del embarazo y de la maternidad forzada, sufrió un alto nivel de angustia causado por una combinación de actos y omisiones atribuibles al Estado parte”, afirmó Tigroudja.

El Comité también concluyó que se trata de un caso de discriminación interseccional. “Este caso revela cómo el género, la edad y la pobreza interactúan para silenciar a los más vulnerables”, señaló Tigroudja.

El Comité instó al Estado parte a establecer un sistema para registrar y monitorear los casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes, a fin de poder trabajar mejor en su erradicación.

También le solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en el proyecto de vida de “Fátima”, facilitándole el acceso a la educación superior y a las actividades extracurriculares que considere necesarias para alcanzar sus metas profesionales y personales. Además, se solicitó a Guatemala que haga un reconocimiento público de responsabilidad y que garantice el acceso a la educación y a la atención psicológica para el hijo nacido de la violación.