En un mundo cada vez más dependiente de habilidades analíticas, la matemática no es solo una materia: es el pilar del pensamiento crítico. Sin embargo, tanto en Argentina como en Guatemala, los resultados educativos revelan un fracaso sistémico que trasciende lo pedagógico. La crisis educativa no solo limita oportunidades individuales: erosiona el tejido productivo y democrático de nuestras sociedades.

Según Clarín, las Pruebas Aprender indican que, en el 2013, el 64.7% de los estudiantes de secundaria argentinos no lograron el nivel mínimo en matemáticas. El valor subió a 82.4 y 85.8% en 2022 y 2024. La “hiperinflación silenciosa de la ignorancia” compromete la empleabilidad juvenil y agrava desigualdades: solo el 5% de los estudiantes vulnerables logra competencias básicas, frente al 18% de los más privilegiados. Pisa 2022 confirma el colapso: Argentina obtuvo 378 puntos en matemáticas, con el 73% de estudiantes bajo el nivel mínimo y el puesto 65 de 81 países.

¿Por qué persiste el fracaso? Una mirada histórica apunta al peronismo, que desde 1946 expandió la cobertura educativa, pero subordinó la calidad al adoctrinamiento. Reformas como la Ley 13.047 promovieron la “democratización” escolar, pero diluyeron el rigor académico. Durante décadas, gobiernos peronistas/kirchneristas mantuvieron presupuestos volátiles (6% del PIB, con baja ejecución), sin fortalecer la formación docente ni los contenidos. Críticos señalan que esta indiferencia beneficia a élites políticas porque una ciudadanía sin pensamiento crítico cuestiona menos. El BID propone modelos como Estonia o Brasil, pero la lógica clientelista del socialismo frena cualquier reforma real.

El patrón se replica en Guatemala, donde la crisis educativa es aún más aguda y está alimentada por una corrupción extractiva. En Pisa 2022, el país se estancó en 350 puntos, con solo el 13% de estudiantes alcanzando el nivel 2 básico y el 95% de los estudiantes de bajos recursos ubicándose por debajo del mínimo, mayor que el 88% regional. Pruebas nacionales como Terce confirman que solo el 10% alcanza el nivel mínimo. El presupuesto educativo, de apenas un 3% del PIB, es insuficiente y, además, vulnerable a desvíos promovidos por corruptos, dejando aulas sin materiales y maestros sin capacitación.

Gobiernos como UNE, Vamos y Semilla han perpetuado el modelo extractivo. Las élites políticas y empresariales se enriquecen vía contratos opacos en infraestructura, minería o agroexportación, mientras la educación se estanca deliberadamente. Buscan mantener una fuerza laboral dócil y funcionalmente analfabeta. Políticas como la “Alianza para la Prosperidad” prometieron inversión, pero la corrupción ahogó su impacto, perpetuando la pobreza. Informes de CIEN y Unesco destacan la ausencia de carreras diferenciadas para docentes y una baja cobertura rural.

En ambos países, el fracaso matemático no es casual: en Argentina, el socialismo peronista prioriza control ideológico sobre empoderamiento cognitivo. En Guatemala, la corrupción usa la ignorancia como herramienta de dominación. Datos de Pisa y nacionales muestran rezagos que amenazan el capital humano: sin acción urgente —mejora docente, recursos digitales y rendición de cuentas—, Guatemala quedará aún más rezagada. Sin pensamiento lógico, no hay ciudadanía crítica, y así no hay democracia que resista el abuso del poder.

Romper este ciclo exige más que reformas técnicas: requiere coraje político, presión ciudadana y una convicción de que educar es liberar, no domesticar. ¡Es hora de actuar! Los modelos de Chile y Estonia demuestran que es posible. ¿Cuánto más esperaremos?