Canadá es una federación compuesta por 10 provincias y tres territorios, cada uno con un alto grado de autonomía en áreas como educación, salud, recursos naturales y derecho civil. El sistema de gobierno es una democracia parlamentaria al estilo británico: el jefe de Estado nominal es el monarca (actualmente Carlos III), mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro, líder del partido con mayoría en el parlamento. Cada provincia tiene su propio parlamento y primer ministro, lo que permite una considerable descentralización del poder. Esta estructura federal busca equilibrar la unidad nacional con las diversidades culturales y lingüísticas del país, pero también ha dado lugar a tensiones históricas, como las demandas de mayor autonomía o independencia por parte de provincias como Quebec o, más recientemente, Alberta.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, pronunció recientemente un discurso en el que plantea una respuesta firme a lo que considera el constante abuso del gobierno federal en áreas de jurisdicción provincial. Smith habla de stand up or roll over (erigirse o rendirse), y deja claro que su gobierno optará por lo primero. El tenor es moderado pero inequívoco; Alberta persigue tener mayor autonomía frente al gobierno federal y, de no ser atendidos sus malestares, podría tomar caminos más contundentes. Smith planteó varias condiciones para evitar la separación de Alberta.

El federalismo canadiense cede bastante poder y autonomía a las provincias. Sin embargo, el gobierno federal ha expandido su control e influencia mediante regulaciones ambientales, medidas redistributivas y políticas climáticas que afectan de manera desproporcionada a provincias ricas como Alberta, que es una potencia en la industria de gas y petróleo. En 2022 el gobierno de Smith aprobó la Ley de Soberanía dentro de un Canadá Unido, que permitiría a Alberta rechazar la aplicación de leyes federales consideradas perjudiciales.

Hay antecedentes de tensión entre provincias y el gobierno federal. En 1980 y 1995 los ciudadanos de Quebec, la provincia más francesa del país, votaron en referéndums sobre la posibilidad de separarse de Canadá. El referéndum de 1995 fue particularmente ajustado, con 50.6% votando en contra de la independencia y 49.4% a favor.

El marco jurídico canadiense contempla la posibilidad de la separación legal de una provincia. En 1998, la Corte Suprema resolvió que, si una mayoría clara en una provincia se expresara a favor de la separación mediante un proceso democrático, el gobierno federal tendría la obligación de negociar. La secesión no sería automática, pero es jurídicamente viable.

Un ejemplo de disolución estatal pacífica fue la separación de Eslovaquia de Checoslovaquia en 1993. No hubo referéndum; fue un acuerdo político entre checos y eslovacos. A más de 30 años del “divorcio de terciopelo”, ambas naciones son democracias estables y mantienen relaciones cordiales. En contraste, el caso de Cataluña muestra cómo un movimiento separatista puede chocar frontalmente con el marco constitucional. En 2017, el Parlamento catalán organizó un referéndum de independencia, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España, provocando una crisis política.

En el caso de Alberta, la amenaza de separación puede servir como estrategia de presión, más que como objetivo final. Si el sentimiento separatista crece y logra una mayoría clara, se abriría un proceso largo, complejo y potencialmente conflictivo. Danielle Smith ha encendido una chispa y es incierto si será el inicio de un incendio o simplemente humo táctico.