Como respuesta ante los intentos de dejar sin efecto los resultados electorales de las elecciones del 2023, el presidente Bernardo Arévalo interpuso una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal.

La acción judicial busca que se imponga una sanción ejemplar al juzgador, como consecuencia de la resolución emitida por Orellana el 25 de octubre pasado, con la cual se pretendía disolver de forma definitiva el partido Movimiento Semilla y, con ello, invalidar los cargos obtenidos por el presidente Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y alcalde electo por dicho partido en los comicios del 2023.

En dicha resolución, el juez declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla y remitió los oficios correspondientes al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para notificar su decisión.

Esto provocó que tanto la Presidencia como distintos sectores de la sociedad se pronunciaran e interpusieran acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para dejar sin efecto lo resuelto por Orellana. La decisión fue calificada por el presidente Bernardo Arévalo como un intento de “socavar la democracia y la voluntad popular”.

En la resolución emitida el 29 de octubre, la CC dejó sin efecto lo resuelto por el juzgador y le advirtió abstenerse de continuar emitiendo resoluciones en ese sentido, ya que los resultados de las elecciones del 2023 fueron declarados oficiales e inalterables, por lo que deben respetarse.

La denuncia del presidente Arévalo

El equipo legal del presidente fundamenta la denuncia en dos violaciones específicas a la Ley de la Carrera Judicial.

• En primer lugar, se acusa al juez Orellana de incurrir en una falta grave, tipificada en el artículo 41, literal l), por “variar las formas del proceso y sus incidencias”. Esto implicaría que el juez habría actuado con arbitrariedad procesal al modificar el procedimiento establecido para este tipo de casos.
• En segundo lugar, se le señala por una falta gravísima, conforme al artículo 42, literal h), al “interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado, sus agentes o representantes”.
• En este sentido, el envío de oficios al Congreso es interpretado como “una intromisión directa en las atribuciones constitucionales de otro poder del Estado, un acto que sobrepasa los límites de su autoridad judicial”, según se consigna en la denuncia.

Las peticiones

La denuncia presentada ante la Junta de Disciplina Judicial por parte del presidente Bernardo Arévalo, no se limita solo a una sanción o amonestación. También solicita medidas inmediatas y de largo alcance contra el juez Orellana, entre las que se indican:

• Suspensión Provisional: Se pide a la Junta de Disciplina Judicial que, de manera inmediata, suspenda a Orellana de sus labores como Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Esto, en virtud del artículo 52 de la misma ley, que permite esta medida cautelar durante la investigación.
• Destitución e Inhabilitación: Una vez agotado el procedimiento disciplinario, que se declare con lugar la denuncia y se imponga la sanción máxima prevista para una falta gravísima: la destitución del cargo y la inhabilitación permanente para ejercer cualquier función dentro del Organismo Judicial. Esto está regulado en el Artículo 43, inciso d) de la ley.
• Que sea investigado por el Ministerio Público (MP): La denuncia presentada por el mandatario solicita que se certifique lo conducente al Ministerio Público. La Junta de Disciplina Judicial debería notificar a la fiscalía por existir “indicios de responsabilidad penal” por una serie de delitos, entre ellos prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.

Según fuentes de la Presidencia que fueron consultadas por Prensa Libre, esta denuncia “representa la respuesta más contundente del gobierno del presidente Arévalo” frente a lo que ha calificado como una “persecución legal y sin fundamentos” en su contra y en contra de los funcionarios de su administración.