El reciente fin de semana, los interminables atascos de vehículos en la carretera al Pacífico nos recordaron la alarmante vulnerabilidad de nuestra infraestructura. La corrupción, ineficiencia e ineptitud, arraigadas desde hace décadas, nos empujan hacia un colapso anunciado. El diagnóstico ya aburre: El problema de la infraestructura vial se origina en la ineficiencia del Ministerio de Comunicaciones, la falta de visión a largo plazo y la resistencia a implementar la Ley de Infraestructura Vial junto con la Ley de Alianzas Público Privadas, que solucionaría el problema al excluir al Estado del “negocio de las carreteras”. La construcción de carreteras se utiliza como moneda de cambio político. Es un ciclo perverso donde se intercambian escaños por asfalto. ¿Cómo esperar un cambio cuando el problema está enraizado en el sistema?

Se ha dicho a la saciedad que, al seguir el ejemplo de la mayoría de países del mundo, con leyes de infraestructura en combinación con alianzas público privadas, serían herramientas eficaces para construir infraestructura mediante concesiones y peajes. El peaje de Palín funcionó bien por años, hasta que la anterior administración metió sus manos politiqueras, rehusándose a renovar el contrato con la empresa que lo operaba. Ahora reina el caos. Mantenimiento nulo, accidentes frecuentes,

deslaves… Todo, producto de una administración improvisada. El método actual para adjudicar contratos es un problema reiterado. Se otorgan a empresas sin experiencia ni historial de proyectos exitosos. Esto genera una constante improvisación, sin planes de emergencia ni decisiones basadas en rigor técnico. ¿El resultado? Un desastre predecible y costoso, como el ocurrido el viernes pasado.

Leemos que no se ejecutaron recursos de Covial —responsable del mantenimiento de carreteras— ni de Caminos —encargado de construirlas—. Además, “este año no hay contratos vigentes para el mantenimiento de carreteras, cunetas o drenajes. Entre 70% y 90% de los contratos que estaban por adjudicarse fueron rechazados por deficiencias técnicas o problemas en los procesos. Esto significa que no habrá mantenimiento vial al menos hasta julio, cuando finalmente se pueda contratar a las empresas necesarias”. Este vacío en el mantenimiento perpetúa el ciclo de deterioro, pone en riesgo la seguridad vial y agrava la vulnerabilidad económica, al aumentar los costos de transporte. ¿Cómo competir globalmente con infraestructuras obsoletas? Ni siquiera aparecemos en la lista del Banco Mundial de países atractivos para la inversión. Ni figuramos.

¿Cómo ser competitivo cuando 60 barcos permanecían anclados, esperando turno a un costo altísimo por día, para descargar mercancías vitales para la industria y el comercio? La ecuación es sencilla: más demora, más costo. ¿Y quién paga la factura? El consumidor. El Puerto Quetzal está en manos de mafias: sindicatos corruptos, administradores ineptos y un sistema hostil al usuario. La consigna es “la mayor ganancia con el menor esfuerzo”. ¿Una sola grúa operando…? ¿Por qué? La respuesta es tan vergonzosa como la espera en la reparación de las escaleras eléctricas y ascensores del aeropuerto La Aurora, que tardó literalmente años.

En este mar de inutilidad sistémica, la economía nacional será imposible que crezca. Los costos de esta ineficiencia se traducen en alzas al costo de vida. Mientras tanto, los inversionistas internacionales miran hacia otro lado.

Guatemala tiene un sistema político y una cultura que la tiene atada. Hemos tenido tres gobiernos consecutivos, cada uno más corrupto que el anterior. El actual apenas llega al año y todavía no arranca. El Ejecutivo no despega, devorado por la burocracia y la corrupción sistémica. Al final, “estamos como estamos porque somos como somos”. ¿No es ese el eslogan del autor del infame “Pacto de Corruptos”?