El nuevo pulso político en el Congreso lo está ganando la oposición, con una alianza encabezada por los diputados Luis Aguirre y Allan Rodríguez, quienes, según analistas consultados, dieron muestra de su poder con la aprobación de la nueva ley a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Los expertos en política le dan la ventaja a la oposición por encima del oficialismo en el control del Congreso por el marcado silencio que acompañó a los últimos durante la aprobación de la nueva ley, que pasó de manera exprés y sin dictamen.

Algunos diputados aseguran que mientras se discutía la aprobación de la ley, algunos diputados recibían llamadas de los secretarios generales de sus partidos para que apoyaran el decreto.

En la sesión la alianza demostró tener 108 votos a favor, entre ellos destacan diputados que habían manifestado su apoyo al oficialismo o, al menos, habían guardado distancia de la oposición, como el bloque Azul y sus dos diputados, incluido el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

Las grandes fuerzas, por número de diputados, que figuraron en la sesión del martes y podrían ser los nuevos dirigentes de la dinámica parlamentaria son Vamos, con 32 diputados que el martes apoyaron la ley, 16 de la Unidad Nacional de la Esperanza y 16 del bloque Cabal; así como el bloque Valor que sumó 10 diputados y un grupo de 12 independientes.

Los efectos

El Decreto 7-2025 ya ha sido calificado por organizaciones y cámaras empresariales como una norma corrupta y peligrosa. Hasta ayer, los oficialistas no se habían pronunciado en redes sociales o en algún otro canal, a diferencia de otras bancadas y entidades que sí fijaron postura respecto a lo lesivo que será la nueva ley.

La normativa permite a los Codedes a retener los fondos no ejecutados este año y conservarlos para el 2026, un año preelectoral. Esto enciende las alarmas sobre un posible uso clientelar de miles de millones de quetzales de cara a las elecciones generales del 2027.

Diputados opositores a la ley estiman que este fondo que permite la nueva ley podría ascender a Q9 mil millones, lo que permitiría a la nueva alianza y sus bancadas disponer de recursos públicos para eventuales fines políticos o personales.

El decreto fue compartido el miércoles 3 de septiembre con los jefes de bloque, para que lo distribuyeran entre sus diputados, habilitando así el periodo para la presentación de objeciones a las que tienen derecho si no están de acuerdo con lo aprobado.

Los 160 diputados tienen hasta este viernes 5 de septiembre para entregar sus objeciones. De no presentarse ninguna, se considera listo y se mandará al Ejecutivo y la decisión quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien podrá sancionar o vetar el decreto.

Directiva, TSE y CC

Para analistas, la aprobación de la nueva ley fue un mensaje para el Organismo Ejecutivo. Para demostrar que los operadores o enlaces enviados por Arévalo no son los que fijan la agenda legislativa.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso al menos 15 iniciativas al Congreso sin que consigan un apoyo de los legisladores.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), sostiene que la aprobación ocurrió en un momento crucial, cuando el presidente necesita el respaldo del Congreso para lograr un presupuesto nacional para el 2026.

“La decisión asumida ayer por el Congreso debe leerse como una muestra de poder político por encima del Ejecutivo. Anticipa la necesidad de la Presidencia de acercarse para negociar, no solo el presupuesto, sino otras decisiones relevantes del 2026”, señaló.

Fuentes legislativas también han confiada a este medio que las negociaciones políticas que ahora amarran a diputados de Vamos y Cabal también buscaban asegurar cuotas de poder de cara al futuro cambio de la Junta Directiva del Congreso, que los últimos dos años ha estado en manos de Nery Ramos, de la bancada Azul, aliada del oficialismo hasta ahora.

En contexto, quien controle el Congreso en el 2026 tendrá mayor capacidad de incidir en otras elecciones clave, como la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dos representantes en la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

“Es un pulso de poder. Hoy se envía un mensaje contundente: estas bancadas y estos personajes controlan el Congreso. Los une el manejo de recursos financieros y las relaciones de poder”, añadió Hidalgo.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincide con Hidalgo y tiene una lectura similar sobre lo ocurrido en la sesión del pasado martes. La alianza encabezada por Aguirre y Rodríguez buscaría dominar las próximas elecciones políticas y judiciales.

“El Ejecutivo no jugó su carta con el presupuesto. Ahora todo quedó servido, nadie se acercará al Ejecutivo, y en estas votaciones probablemente veremos que la oposición tendrá la última palabra”, dijo Quezada.

En manos de Arévalo

Si el decreto 7-2025 no recibe objeciones, la decisión final quedará en manos del presidente Arévalo. Hasta el momento, se desconoce su postura oficial.

Victoria Godoy Palala, diputada oficialista y una de las operadoras de ese bloque en el Congreso, señaló que ya informaron al mandatario sobre lo ocurrido en la sesión, aunque dijo desconocer si el mandatario comparte el criterio del bloque y decida vetar la ley.

“No quiero fijar una postura porque la decisión es del Presidente. Él está al tanto de esto, y nosotros ya enviamos nuestras opiniones. Será una decisión que él tome”, expresó la legisladora.

Godoy Palala y los otros 22 diputados oficialistas hace un mes habían impulsado una iniciativa de ley para acelerar el gasto de los Codedes. Una propuesta que se presentó consensuada con el Ejecutivo y que entre su articulado proponía agilizar los trámites a través del silencio administrativo, algo que se materializó en el Decreto 7-2025 del pasado martes.

“Sacaron este artículo que, dentro del contexto de nuestra iniciativa, tenía un sentido”, justificó Godoy Palala.

La diputada oficialista también afirmó que la aprobación del Decreto 7-2025 se dio bajo presión, pues algunos secretarios generales de partidos políticos llamaron para intimidar a sus diputados.

Según la congresista, quienes se opusieran a votar a favor corrían el riesgo de enfrentar procesos internos que podrían terminar en su expulsión, dejándolos como diputados independientes y dificultando su reelección en el 2027.