La aprobación, realizada sin mayor discusión técnica, de la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” el pasado martes 2 de septiembre pondrá en riesgo el sistema de finanzas públicas, advierten cámaras empresariales y centros de investigación económica, por lo que instan al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar la normativa.

La ley permitirá que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), se trasladen de manera automática al siguiente año, lo que incrementa el riesgo de acumulación de recursos sin utilizar en poco tiempo de vigencia de la normativa.

Además, se interfieren funciones que competen al Ejecutivo, al imponer plazos perentorios para emitir resoluciones sobre expedientes de obras programadas.

La aprobación se produjo un día después de que el Minfin presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026, el lunes 1 de septiembre, en el cual se incluyó únicamente una asignación presupuestaria por Q4 mil 491 millones y no ingresos extraordinarios a los Consejos de Desarrollo.

Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja, pues la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los recursos no gastados deben regresar al fondo común.

Riesgo sistémico en finanzas públicas

Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y para el diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas, la normativa representa un riesgo sistémico en la rectoría de las finanzas públicas, porque se aparta del esquema presupuestario anual establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, que aplica para todas las entidades públicas.

Coyoy, quien también fue viceministro de Finanzas, recordó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual. Sin embargo, en el decreto 7-2025 se rompe con ese principio, ya que los recursos se asignan cada año, pero la ejecución del gasto no se limita al período fiscal correspondiente. Entonces, “prácticamente se deja de una manera permanente como una ejecución ininterrumpida, sin importar en qué momento del tiempo se utilicen esos recursos”.

El Congreso, el año pasado, aprobó la norma que permitía a los Codedes seguir utilizando sus saldos no ejecutados en el ejercicio fiscal en curso, pero únicamente durante 2025.

Ahora, en cambio, la aprobación se extiende a los años sucesivos, sin un plazo definido para el uso de los recursos. “Esto sí cambia sustancialmente el esquema presupuestario y creo que es un tema que debe analizarse más a fondo, porque pueden surgir intereses de otras entidades en mantener esquemas similares, lo que rompe y contraviene lo que dice la Constitución: que el presupuesto del Estado es anual”, resaltó.

Advierten ruptura del equilibrio institucional por decreto

Blanco agregó que “se queda abierto el chorro”, pero advirtió que tendrá implicaciones financieras, sobre todo en una ejecución desordenada para este ejercicio, ya que, a la fecha, los Codedes llevan un 29% de ejecución.

Con esta aprobación, señaló que existe un rompimiento del equilibrio, porque el Congreso obliga a la institucionalidad del Ejecutivo a responder en la forma y en los tiempos que se requieren, lo que podría derivar en una intromisión de funciones y poderes entre los organismos del Estado.

En su lectura política, afirmó que ahora los diputados ya no están condicionados por la elección de la junta directiva, en especial en la aprobación del plan de gasto 2026, por lo que se adelantaron.

Incluso advirtió sobre un escenario de no aprobación del presupuesto para el próximo año, “ya que muchos de los diputados estaban molestos porque no venía la asignación extraordinaria para los Codedes en la propuesta de presupuesto 2026”.

Explicó que, si no se aprueba el plan de gasto antes del 30 de noviembre, en febrero de 2026 el Minfin tendría que solicitar una ampliación.

“Se pone en riesgo la aprobación del presupuesto 2026, pero ya se garantizan los fondos para los Codedes”, concluyó.

Icefi alerta por silencio administrativo

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que existen varios inconvenientes en la normativa, pero que, a su juicio, lo más grave es el silencio administrativo respecto de los avales y el plazo de cinco días hábiles para que las entidades emitan las resoluciones de los expedientes.

El investigador considera que esta situación puede debilitar los controles de transparencia y sacrificar la calidad de las obras.

“Esta ley sitúa justamente en la tensión entre agilidad y fiscalidad, porque prácticamente neutraliza la acción del ente rector en materia de inversión pública, que es la Segeplán”, aseguró.

Extender modelo de Codedes podría afectar control presupuestario

Coyoy señaló que, si se generalizara, uno de los riesgos en el manejo de las finanzas públicas sería la apertura de un nuevo esquema para los poderes; es decir, una práctica que en el futuro podría ser adoptada por esta Legislatura o por otras para extenderla a diferentes entidades.

Ejemplificó que, en el caso de las entidades autónomas, el gobierno central traslada fondos que estas pueden ejecutar en el momento que lo consideren, gracias a su autonomía. No necesariamente deben gastarlos en el mismo año en que los reciben, pero esa facultad deriva de su carácter autónomo.

En cambio, los Codedes no son figuras autónomas. “Prácticamente se crea un esquema distinto, en el que los recursos funcionan como un traslado indirecto de fondos a las municipalidades, y se rompe el esquema de ejecución actual de los Codedes, que reciben los fondos y, si no los utilizan, tienen la obligación de devolverlos al fondo común”.