Miembros del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Partido Republicano están impulsando un proyecto fiscal que incluye, entre varias medidas, la aplicación de un impuesto del 5% a las remesas que salen de Estados Unidos, medida que podría afectar a las familias guatemaltecas que dependen de ese ingreso.

Los líderes republicanos tienen previsto presentar la iniciativa este martes en la Cámara de Representantes para su análisis inicial. Posteriormente, el proyecto sería enviado al Senado con miras a su aprobación en julio próximo.

La propuesta plantea que las remesas a otros países estarían sujetas a un nuevo impuesto del 5%, y se establecerían normas adicionales para quienes soliciten el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para hogares de bajos ingresos.

Analistas económicos estiman que esta medida podría reducir el ingreso de remesas a los países centroamericanos que dependen de las mismas, sin embargo, señalan que la propuesta aún no ha sido aprobada.

Las autoridades monetarias aún no se han pronunciado oficialmente sobre esta iniciativa, se estima que el proyecto será aprobado y tendrá un impacto directo en la economía de varios países que como Guatemala, las remesas representan uno de los principales pilares de sostenimiento para miles de familias y representan un importante porcentaje del Producto Interno Bruto.

Otras medidas

Esta propuesta forma parte de un “paquete fiscal” más amplio que el presidente Donald Trump había anunciado previamente, orientado a implementar recortes impositivos y aumentos tributarios para equilibrar sus efectos presupuestarios.

Por ejemplo, busca incluir exenciones a las propinas, los pagos de horas extras, a los préstamos para adquirir automóviles fabricados en el país y los beneficios de la Seguridad Social, además de incrementar los beneficios fiscales a ancianos y familias con niños.

Esto dejaría un déficit en los ingresos del Gobierno que serían amortizados en parte por restricciones al programa de salud Medicaid, que cubre a unos 71 millones de personas de bajos recursos, a pesar de que Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, han insistido en que no lo tocarán.

Las posibles restricciones al Medicaid son precisamente uno de los puntos de discordia entre los republicanos, al igual que una potencial reducción del programa SNAP de ayudas para la compra de comida.

Los centristas del Partido Republicano han expresado su preocupación por las afectaciones sobre los constituyentes en sus estados, en una de las muestras de luchas internas con el ala más conservadora de la formación, más favorable a amplios recortes en el gasto federal.

Otro punto de desencuentro es la propuesta de subida de impuestos a quienes ganan más de US$5 millones. Trump instó a los republicanos a aprobar este incremento, un llamado que no fue recibido con entusiasmo por todos los legisladores y que ha quedado fuera de la propuesta.

Su plan también busca triplicar las deducciones fiscales y locales para contribuyentes, que pasarían de US$10 mil a US$30 mil al año, una medida que representantes de estados mayoritariamente demócratas han criticado por insuficiente.

También incluyen la subida del 1.4% al 21% en los impuestos sobre las dotaciones de las universidades, entre ellas las de la llamada Ivy League, y una provisión que eliminaría las exenciones fiscales de grupos y organizaciones que, según la Administración de Trump, simpatizan y apoyan a terroristas.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos han sonado las alarmas por lo que ven como posible violación de libertades civiles y una posible manera de castigar a quienes discrepan con el Gobierno.

El plan también pondría fin a los subsidios a la energía limpia que el expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) incluyó en su Ley de Reducción de la Inflación (2022).