En ALas845 conversamos sobre el tema, “Petén en disputa: Perenco, el Estado y el futuro del petróleo en Guatemala”.

Los invitados fueron Álvaro Arzú Escobar, diputado del bloque Unionista; y Luis Ventura, diputado independiente.

Ventura indicó que el problema data desde que se creó la Ley de Hidrocarburos que no deja como condición a las empresas un cierre técnico. “La duda es que si hay retroactividad, sobre si se le puede obligar a las empresas a dar ese cierre. Esto requiere una inversión que las empresas debieron prever al inicio de sus operaciones”, explicó.

Añadió que la producción de petróleo en el campo Xan disminuyó en los últimos años. “Esto genera un proceso poco rentable. Eso daba una línea de que el petróleo deja de ser un negocio para Guatemala. El otro tema es actualizar la Ley de Hidrocarburos. No previó esta baja en la producción del petróleo”, señaló.

Arzú Escobar, por su lado, indicó que sobre el cierre técnico, existe una razón que el contrato no lo contempla. “Cuando se vence este tipo de contrato, es que las instalaciones pasen al Estado para que éste siga con la explotación o que haga un nuevo contrato, no quiere decir que se termina la actividad extractiva, por eso no contempla que haya un cierre técnico. Lo que pasa es que el gobierno decidió que ya no iba a continuar el Estado la explotación, y allí si se debió prever un cierre técnico, pero no es responsabilidad de la empresa, sino que del Estado”, dijo.

Agregó que la profundidad de los pozos en el campo Xan no es significativa, y aceptó que ya no cuentan con petróleo, pero más abajo “hay muchísimo”. “Ninguna empresa invertirá para seguir excavando, si no tiene la certeza del contrato”, señaló.

También rechazó que la calificación como “emergencia” del cierre no puede darse, porque el contrato terminó la fecha en que debía darse, y lo calificó como “una dejadez” del gobierno actual y del anterior. “Encima el gobierno tiene que dar Q50 millones para ponerle fin a una actividad que podría dar desarrollo a la región”, recalcó.

Ventura contestó que la empresa estaba ubicada en una reserva natural, declarada por una ley posterior. “El Ejecutivo tenía dos opciones, sobre que avanzaran las reformas sobre la ley, pero están en una situación de tomar un negocio para que el Estado no está preparado, y no hay capacidad técnica. La Ley de Hidrocarburos se creó como que el país fuera a crecer en el petróleo. Han habido situaciones que el petróleo no se desarrolló nunca como una industria, sino marginal. En ese sentido, sí es una emergencia, porque allí existen invasiones y otros. Es como que Guatemala sostuviera una industria petrolera en el centro del Lago de Atitlán, porque es un humedal el que hay en Petén”, dijo.

Añadió que el tema de Perenco en el Congreso “levanta pasiones” y recordó que el “operador” era el exdiputado Manuel Baldizón, por lo que el contrato fue ampliado por 15 años más. “Hay responsabilidades por parte del Legislativo también. La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, ya se había presentado pero no avanzó en el Congreso, entonces el Ejecutivo trabajó con lo que tenía”, resaltó.

Arzú por su lado, explicó que el 3 de abril del año pasado, Arévalo publicó en sus redes sociales que no se iba a prorrogar el contrato de Perenco. “Le pregunté en la legislatura anterior, al diputado Samuel Pérez, si iban a dar una prorroga del contrato, pero me dijo que el presidente la iba a vetar. Entonces por eso el Congreso no tenía mucho qué hacer. El ministro de Energía llegó en marzo del año pasado, a decir que se iba a dar el cierre, pero lo que vemos es una gran improvisación”, indicó.

También replicó que era exagerado decir que se puede homologar como poner un pozo petrolero en el Lago de Atitlán, pues el área de explotación de Perenco en la Laguna del Tigre, no es de tal magnitud. “Además, la ministra de Ambiente dijo que no conocía de daños en el ambiente. No tienen ninguna evidencia que haya existido contaminación en el área producto de la explotación petrolera”, replicó.

Ventura contestó que se habla de crudo, porque tiene más capacidad para contaminar en un área.

El diputado Arzú dijo que en “40 años no hubo un desastre ambiental”, y resaltó que se emitieron dictámenes que no cuentan con el aval de la Comisión Nacional Petrolera. “Ahorita pueden rectificar, pero si adjudican otro contrato se puede caer por un amparo; pero ahora me preocupa que no es justo que un gobierno tome una decisión definitiva. Si lo tiene como política, está bien, pero hacer un cierre permanente significa que se limita una actividad que puede generar desarrollo al futuro. Si el contrato estaba malo, pues se podía hacer otro, pero vedarle a otro gobierno continuar con esta explotación, es irresponsable. A mi me han explicado que más profundo, mejor calidad de petróleo hay”, dijo.

Ventura señaló que no es que se vayan a perder plazas laborales, porque el cierre permitirá contrataciones y volvió a resaltar el tema ambiental. “Lo que hay que destacar es que hay un problema ambiental entre manos. Por eso podría traer un caos. Es preciso darle herramientas al Estado para un cierre técnico”, señaló.

Los legisladores a continuación se enfrascaron en una discusión sobre el argumento ambiental que presentó Ventura, sobre que es primordial proteger el área en Petén por encima de la explotación petrolera, a lo que Arzú contestó que en contradicción, el gobierno busca traer al Tren Maya al país, que asegura dejó hectáreas de bosques talados.

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