CC confirma que exfiscal, Virginia Laparra, debe presentarse físicamente a resolver su situación legal
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación presentada por la defensa de la exfiscal, Virginia Laparra, con la cual se pretendía que, por medio del tribunal constitucional, se ordenara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a conocer un amparo con el cual buscaba que se dejara sin efecto la orden de captura, así […]
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación presentada por la defensa de la exfiscal, Virginia Laparra, con la cual se pretendía que, por medio del tribunal constitucional, se ordenara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a conocer un amparo con el cual buscaba que se dejara sin efecto la orden de captura, así como la rebeldía decretada en su contra luego de que esta salió del país tras la condena que se dictó en su contra en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.
En 2025, la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango ordenó su captura y la declaró rebelde luego que esta decidiera salir del país alegando una criminalización en su contra luego que el referido tribunal la condenara a cinco años de prisión y multa de Q50 mil por el delito de revelación de información clasificada o reservada.
El análisis de la CC refiere que en este caso, para ella poder solventar su situación, es obligatorio que esté presente dentro del proceso y no solucionarlo mientras está fuera del país.
«Mientras la postulante no comparezca personalmente ante el órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de dilucidar su situación jurídica, resulta improcedente que la jurisdicción constitucional conozca los agravios que formula respecto de actuaciones emitidas dentro del proceso penal seguido en su contra», refieren los magistrados.
La decisión recibió cinco votos a favor de los magistrados Dina Ochoa, Julia Rivera, Luis Marroquín, Claudia Paniagua y José Luis Aguirre, mientras que las magistradas Anabella Morfin y Astrid Lemus votaron disidentes al no estar de acuerdo con la mayoría.
Laparra salió del país el 18 de julio de 2024, tras recibir dos condenas por el mismo delito, alegando que se montó un proceso de criminalización en su contra, lo cual vulneraba su integridad, poniendo en riesgo incluso su vida.