El Congreso de la República convirtió en decreto la llamada Ley Antipandillas (Decreto 11-2025), una normativa que declara como terroristas a los integrantes de maras y endurece las penas para quienes cometan delitos relacionados con esas estructuras.

El cambio legal se aceleró tras la reciente fuga de 20 pandilleros de la cárcel de Fraijanes 2 y la presión política generada por la declaración de Estados Unidos, que también considera terroristas a estas agrupaciones.

¿Qué establece la nueva ley?

• Declara terroristas a los pandilleros.
• Permite congelar cuentas bancarias de los implicados, con orden judicial.
• Establece que todos los procesos penales contra pandilleros se tramiten en juzgados de alto impacto.
• Autoriza al Ministerio de Gobernación a usar hasta Q200 millones para comprar equipo con países aliados, no solo EE. UU.

¿Por qué fue necesaria una revisión?

Aunque la ley fue avalada en tercera lectura la semana pasada, la aprobación final se aplazó para revisar algunos puntos clave. Uno de los cambios fue propuesto por el diputado Elmer Palencia, quien defendió una redacción más precisa para evitar que personas inocentes, como trabajadores de la economía informal, resulten afectadas.

“El congelamiento de cuentas será solo por orden de juez dentro de un proceso penal”, explicó.

¿Cómo fue el proceso de aprobación?

• La ley fue aprobada por 145 votos y se convirtió en el Decreto 11-2025.
• Las enmiendas se discutieron en una mesa técnica privada, por temas de seguridad nacional.
• La renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, también ocurrió en este contexto, aunque sigue en funciones hasta que el nuevo ministro, el juez Marco Antonio Villeda, tome posesión.

¿Hubo más temas tratados en la sesión?

Sí. Se discutieron objeciones a la Ley de Protección y Mejoramiento Medioambiental (Decreto 9-2025), impulsada por la diputada Karina Paz. Los opositores afirman que esta norma podría reducir los controles ambientales y afectar la calidad del entorno. Ahora, el presidente debe decidir si la sanciona o la veta.

Además, se acordó concluir la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, tras la renuncia del diputado que la promovía