En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Ley de Protección Ambiental: avances, críticas y controversias del Decreto 9-2025”.

El invitado Armando Castillo, secretario general del partido VIVA, explicó la propuesta de ley que fue impulsada por la bancada y que supuestamente exonera a iglesias, profesionales, entidades benéficas y otras actividades pequeñas, a realizar estudios de impacto ambiental.

Mientras algunos sectores celebran la intención de fortalecer la regulación ambiental, surgen críticas por las instituciones y actividades económicas que quedarían exentas de solicitar el documento ambiental.

Al inicio del espacio, Castillo fue consultado por el proceso de expulsión del diputado Jorge Castro, y señaló anomalías en la aprobación del aumento salarial.

“El partido no estaba de acuerdo, pero viene Castro y dice que el aumento se lo merecían. Con un amparo se detiene la expulsión de él, pero la CC nos dio la razón porque se apartó de los principios del partido. Pero nuestros órganos están vencidos, y allí se quedó el proceso. Sin embargo, hizo mella su actitud al interno de la bancada por lo que decidieron separarlo. Los diputados le achacaron que hizo esto para tener el control del bloque, separando al diputado Edín de Jesús. Pero el legislador acudió a la Corte de Constitucionalidad”, dijo.

Ya en el tema central del análisis, Castillo refirió a un decreto emitido un año antes de la Constitución, hace al menos 30 años, la cual señalaba que el Ministerio de Ambiente debía hacer un reglamento sobre el tema.

“30 años después se emitió el reglamento en el gobierno de Jimmy Morales, pero emiten el acuerdo ministerial con una tabla con tasas para que se paguen multas. El decreto de ahora es una acción actualizadora. Se dice que quien no lo hizo de aquí para atrás, debe pagar la multa. Pero se dan cuenta que el reglamento no se puede aplicar, porque se refiere a toda actividad, que podría ser un emprendimiento pequeño, por ejemplo, que obviamente no contamina. El Gobierno se da cuenta y da una prórroga, y luego otra. Con Giammattei, se dan prórrogas los 4 años. Son 10 años dando prórrogas que no se pueden aplicar. Pero la ministra dijo que este nuevo decreto se había movido por mafias, lo que es una declaración irresponsable”, dijo.

El político citó casos en los que “no se puede contaminar” y que las prórrogas las aprovecharon los “verdaderos contaminantes”.

“Las iglesias suplicaban porque no podían hacer estudios ambientales, que son caros. Son para estudios de aquí para atrás. No dice nada solo de iglesias evangélicas, sino que entran todas las religiones. Lo que se dice es que estas iglesias de aquí para atrás si no hicieron sus estudios, no hay problema, pero para adelante lo deben hacer; no se está diciendo que no lo hagan”, explicó.

Cuestionado sobre que la normativa necesitaba más discusión, Castillo dijo que fue ponente de la propuesta desde hace 5 años. “En la comisión de ambiente se discutió. Se pasaron su primera y segunda lectura y allí se estancó. Ahora se discutió en tercera lectura. Cinco años fue suficiente de la discusión. Estaban protegiendo a intereses grandes que se beneficiaban con las prórrogas, no a los negocios pequeños. No hubo ningún pronunciamiento en la bancada oficial en jefes de bloque, ni del MARN que se pronunció hasta que ya estaba aprobada; y lo que pasa es que les gusta TikTok. Pudieron llamar a una conferencia, pero pusieron el grito en el cielo cuando ya estaba aprobado el decreto”, señaló.

Consultado sobre que la ministra Patricia Orantes dijo que el decreto se establecía como una “impunidad ambiental”, el exdiputado lo calificó como una “escupida” que le cayó de vuelta a la funcionaria, por las prórrogas otorgadas.

Cuestionado sobre el ruido característico que emiten las iglesias, una conocida distorsión al medio ambiente, Castillo señaló que debe llevar a una “sana convivencia” para lograr acuerdos entre las mismas comunidades.

Regresando a las prórrogas, Castillo dijo no querer pensar “que se trató de una cuestión de conveniencia económica” por otorgar prórrogas a grandes empresas. “Llamo a la ministra para que lea bien la enmienda y que se de cuenta que le estamos quitando un peso de encima. A los transportistas les exigían estudio, pero no debe ser en la ruta, porque allí son otras leyes que se aplican. En la economía informal, ¿se imaginan que pudieran caerle a un emprendimiento de venta de tortillas como subsistencia?”, explicó.

Sobre si existirán impugnaciones contra el decreto y las críticas contra las iglesias de la diputada Karina Paz que anunció acciones, Castillo recordó la ley a favor de ganaderos, que les otorgó una rebaja en impuestos. “Allá no dijo nada (Paz); la respeto pero no estoy de acuerdo. Creo que el presidente es una persona sensata para que sancione el decreto”, añadió.

Aclaró que no se pueden acoger a la ley, quienes “dañaron el ambiente” años atrás tras el presente decreto. “No les aplica a los profesionales, economía informal y otros servicios pequeños. Pero el decreto dice que sí lo deben hacer si una iglesia hace por ejemplo una nueva construcción”, dijo.

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