Ocho años después de la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un tribunal dictó el pasado 12 de agosto penas de entre seis y 25 años de cárcel contra seis exfuncionarios, entre ellos dos agentes de policía, por homicidio, maltrato a menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El fallo cerró uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país, pero dejó abierto otro: el de cuatro personas que aún esperan saber si serán enviadas a juicio o si el caso en su contra se archivará.

El proceso pendiente se encuentra estancado desde hace cinco años en la etapa intermedia, en la que el controvertido juez Pedro Laynez debe resolver sobre la acusación. La última suspensión ocurrió el 18 de junio, cuando el Juzgado Cuarto Penal, a cargo del Laynez, suspendió de nuevo la audiencia.

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CINCO AÑOS ESTANCADO

Según la defensa de Ofelia María Pérez Campos, coordinadora del área Mi Hogar de la Secretaría de Bienestar Social, aún está pendiente de resolución un amparo en la Corte de Constitucionalidad que determinará por qué delitos será procesada su clienta.

Laynez decidió en enero de 2020 ligar a proceso a la exjueza de paz de San José Pinula, Rocío Murillo, al secretario de ese juzgado, Romeo Rolando Miranda, a Pérez Campos y a la monitora de privación de libertad de adolescentes Cruzy Flor de María López.

Desde entonces, y pese a que existe una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad que ordena procesarlos por cinco delitos —salvo Pérez Campos—, el expediente ha permanecido inmóvil. La nueva fecha para la audiencia se fijó para el 16 y 17 de octubre.

LOS PENDIENTES

Entre los cuatro señalados que aún esperan saber si serán enviados a juicio figuran la exjueza de paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, acusada de falsedad ideológica, con penas de dos a seis años de prisión, y de retardo de justicia, castigado con entre dos y cuatro años.

Junto a ella, el secretario de ese juzgado, Romeo Rolando Miranda, afronta un señalamiento por falsedad material, delito que contempla sanciones de nueve a 15 años de cárcel.

También está procesada Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del área Mi Hogar de la Secretaría de Bienestar Social, por incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, ambos con penas que oscilan entre dos y cinco años.

La lista se completa con Cruzy Flor de María López, exmonitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones, acusada igualmente de maltrato contra menores, con una condena potencial de dos a cinco años.

JUEZ LAYNEZ A CARGO

El togado que mantiene en suspenso este tramo del caso no es ajeno a la polémica. En 2020, Laynez favoreció al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi con una falta de mérito en el caso Bantrab-Arca, una investigación por presunto lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado. La audiencia se celebró a puerta cerrada.

Ese mismo año, el juez dictó falta de mérito a favor de Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales, señalada de haber cobrado un salario en el Ministerio de Salud sin trabajar.

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Laynez figura entre los jueces intocables del Organismo Judicial, según un trabajo publicado por La Hora.

CAMINO DE OCHO AÑOS

En la sentencia del 12 de agosto, la jueza Ingrid Cifuentes reconstruyó el momento en que el fuego devoró el salón donde 56 adolescentes estaban encerradas como castigo, tras haberse fugado un día antes del centro para escapar de los malos tratos.

Según un testimonio, una menor encendió una colchoneta y, pese a los gritos de auxilio y el humo, la subinspectora de turno se negó a abrir la puerta: “Que se quemen esas hijas de la gran p…”, habría dicho. Nueve minutos después, las puertas se abrieron y se dio aviso a los bomberos, pero sin informarles del incendio, lo que impidió que acudieran preparados para sofocar las llamas.

Además de condenar a los seis acusados —el séptimo fue absuelto—, Cifuentes ordenó al Ministerio Público (MP), de María Consuelo Porras, investigar al entonces presidente Jimmy Morales —y quien la eligió para ese cargo—, señalado por testigos como parte de la cadena de mando que habría dado la orden de mantener a las adolescentes bajo llave.

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