La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, luego de declarar con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Ronald Yomelfy Portillo Cordón.

El tribunal determinó que dicho reglamento, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y reformado en 2023 con el Acuerdo 184-2023, violaba la autonomía municipal al regular un servicio que, según la Constitución, corresponde de manera exclusiva a las comunas.

Impacto del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en municipios

Con la sentencia, los dos acuerdos gubernativos quedan expulsados del ordenamiento jurídico y dejarán de tener efectos desde el día siguiente de la publicación oficial del fallo en el Diario de Centro América.

La normativa anulada contemplaba un sistema obligatorio de clasificación de desechos, además de multas para quienes no cumplieran con las disposiciones.

La intención inicial era establecer un marco general para la gestión integral de los residuos en todo el país, pero la CC concluyó que esa facultad pertenece únicamente a las municipalidades.

La resolución se fundamenta en los artículos 267, 268 y 272 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Además, la Corte precisó que no se impuso sanción económica a los abogados patrocinantes ni condena en costas.

Contexto y relevancia del fallo de la CC

El fallo reafirma la potestad de las municipalidades en materia de servicios públicos locales, entre ellos la gestión de residuos sólidos, lo que significa que cada comuna será la encargada de diseñar, aprobar y aplicar las normas relacionadas con la recolección y disposición de la basura en su jurisdicción.

También marca un precedente importante en la regulación de los servicios públicos en Guatemala y reafirma la autonomía de los municipios en la gestión de sus competencias.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad enfatiza la importancia de respetar los límites legales y constitucionales, garantizando que cualquier normativa futura se diseñe en armonía con la legislación vigente y con la participación de las autoridades locales.

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