La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria despertó muchas esperanzas desde su aprobación por el Congreso, el 13 de noviembre de 2024. Sí, ya han pasado más de 10 meses. Hubo tardanza en la integración del directorio y también en la elección de titular para la gerencia de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp); aun así, se mantenía la expectativa de lo que este nuevo ente descentralizado podría contribuir con la agilización de la recuperación de carreteras. De hecho, hay una larga lista de pendientes, con lo cual, a pesar de las demoras, se hacía grande la esperanza de un nuevo rumbo.

Sin embargo, la ruta de descentralización fue dinamitada el 2 de septiembre por decisión de dicho directorio, integrado por representantes de los ministerios de Economía y de Comunicaciones y Finanzas, junto al voto del representante del Colegio de Ingenieros. A pesar de que la ley instaura un ente descentralizado, colocaron a la Dipp como una unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a la misma altura jerárquica de Covial o Caminos. Con esto crean un grave conflicto de potestades, pues la gerencia de la Dipp queda en una ambigüedad frente al jefe de Comunicaciones. ¿Cómo se van a tomar decisiones administrativas y ejecutivas urgentes para que los proyectos avancen si dependen del visto bueno de un ministro, otra vez?

El rechazo a esta decisión es unánime, pero no es solo un parecer. Puede ser una ilegalidad, debido a que contraviene la ley respectiva. La misión de la Dipp era romper con las parsimonias del CIV, que desde hace décadas arrastra problemas estructurales, escasa ejecución, alto costo, injerencia politiquera y exceso de burocracia. La vía rápida se reduce hoy a otro callejón opaco e ineficiente.

De por sí hay retrasos en la elaboración de reglamentos, asignación presupuestaria y contratación de personal, como para cercenarle a la naciente entidad su promisoria autonomía funcional. Basta ver el deplorable estado en el que se encuentra la Dirección General de Caminos, que ni siquiera ha asignado nuevos contratos, para ver lo que ocurrirá si la Dipp se queda bajo la férula del mismo paradigma colapsado. El articulado legal de la Dipp la definía como una institución “especializada, desconcentrada del CIV”. Amarrarla el viejo modelo solo amenaza con derrumbarle encima un alud de potenciales clientelismos, intromisiones y amaños. No se necesitaba de una nueva ley para crear otra unidad ejecutora dependiente del despacho ministerial: están perdiendo el tiempo y socavando la única expectativa de transformación en el modelo vial.

¿Qué debe ocurrir? Primero, que el directorio revierta la decisión, por improcedente e ilegal. Agilizar la reglamentación de la Dipp para que se convierta en una maquinaria de ejecución ágil y eficiente. Garantizar los protocolos de transparencia, auditoría ciudadana y exigencia técnica para que empiece a funcionar desde el primer día de 2026.

El Congreso debe asumir su rol fiscalizador y exigir que se cumpla con la ley que aprobó, sin regateos. Claro que podría haber diputados venales, acostumbrados al clientelismo y al tráfico de contratos, a quienes no les conviene una entidad descentralizada. Pero ni siquiera eso debe frenar el espíritu de la Dipp. El presidente de la República debe exigir la rectificación de esta absurda rotonda creada por el directorio, digamos que por inexperiencia. Callar, eludir o consentir esta distorsión sería devastador. Y si no, basta ver los deplorables caminos en que andamos.