El presidente de la República, Bernardo Arévalo, cuestionó abiertamente este lunes la aplicación desigual de la justicia en el país, al comparar la reciente excarcelación del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix —procesado por lavado de dinero— con la prolongada prisión preventiva de personas señaladas por haber denunciado corrupción o defender la democracia.

“En Guatemala existe una clara instrumentalización del sistema de justicia”, denunció el mandatario durante una rueda de prensa celebrada el 14 de julio. “Se observa un uso arbitrario e indebido de las medidas de arresto y prisión preventiva con fines políticos, así como la aplicación de dobles estándares en el enjuiciamiento de casos”.

Arévalo recordó que la semana pasada un juzgado otorgó arresto domiciliario a Quijivix, investigado por presuntamente lavar más de 85 millones de quetzales y ocupar una plaza fantasma en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). El caso forma parte de la red de corrupción desarticulada en la operación “Red Q” y denunciada por el actual gobierno.

El presidente lamentó que, mientras Quijivix fue beneficiado con medidas sustitutivas, otras personas —a su juicio criminalizadas por motivos políticos— siguen privadas de libertad. “Contrasta con quienes han sido enjuiciados de manera espuria en el contexto de una persecución por su defensa de la libertad de prensa y la democracia”, afirmó.

Entre los nombres que citó el mandatario figuran el periodista y fundador del desaparecido diario elPeriódico, José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022; Eduardo Masaya, miembro del partido oficialista Movimiento Semilla; los exdirectivos comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de los 48 Cantones de Totonicapán; así como Stuardo Campo, exfiscal contra la corrupción.

Todos estos casos han sido señalados por organizaciones nacionales e internacionales como parte de una estrategia de criminalización dirigida por el Ministerio Público (MP), a cargo de María Consuelo Porras. Según estas entidades, el patrón responde a una lógica de persecución contra quienes se opusieron al gobierno de Alejandro Giammattei —sancionado por Estados Unidos— o desempeñaron un papel clave en la defensa de la democracia durante la crisis política de 2023.

Desde su elección, Arévalo ha denunciado reiteradamente los intentos por obstaculizar su gestión y revertir los resultados electorales, en un contexto en el que el sistema judicial continúa bajo fuertes cuestionamientos por su falta de independencia y por su aparente cercanía con las élites políticas tradicionales.

A estos cinco casos se suman al menos un centenar de exfiscales, exjueces, abogados y periodistas que se vieron obligados a abandonar el país durante el gobierno de Giammattei, tras una ola de persecución contra quienes investigaron o juzgaron casos de corrupción vinculados a exfuncionarios, militares y empresarios. La mayoría de estas acciones se remontan al periodo en que el MP estuvo dirigido por Thelma Aldana.