Casi cinco meses después de su “hallazgo”, finalmente fueron demolidos los apartamentos en los cuales “residían” 10 cabecillas pandilleros, algunos de ellos condenados a décadas de prisión por múltiples cargos de asesinato, extorsión, amenazas y más. La sola construcción de dichos inmuebles en terreno de la cárcel de Pavoncito resulta una afrenta contra toda la ciudadanía, que depende de un aparato de seguridad y justicia para mantener a los delincuentes condenados en cautiverio, como castigo por sus barbaries, y también para evitar que prosigan con sus asedios criminales.

Ya suma décadas el acoso contra la población honrada perpetrado por gavillas de reos. El trasiego de teléfonos celulares, antenas receptoras, terminales de internet, computadoras e incluso aparatos de radio continúa campante, a pesar de la secuencia de promesas de presidenciables y de anuncios de ministros que van y vienen. En el 2024, el Gobierno reportó más de 200 requisas en prisiones del país, pero no solo eso: lo divulgó como una “estrategia” para mantener “segura” a la ciudadanía, pero se trata de un paliativo, cada vez más inútil, que solo retrasa el ingreso de objetos ilícitos.

Por algún lugar amplio tuvieron que entrar los materiales de construcción, los accesorios, los muebles para los apartamentos de marras (y de maras). En febrero del 2024, Prensa Libre denunció un camión con sacos de cemento y varillas de hierro cuyo uso y destino nunca fue aclarado. No es la primera vez que se erigen construcciones ilegales, totalmente ajenas y contradictorias a la función penitenciaria. Se entiende que aún existen demasiadas prebendas legales a favor de detenidos, y el actual Congreso no está interesado en endurecer las normas para posibilitar tratos más rigurosos, al menos en contra de los sentenciados de alta peligrosidad y reincidentes.

Los traslados de reclusos a la remozada cárcel Renovación 1, en Escuintla, con mayores condiciones de aislamiento y vigilancia, en noviembre y enero últimos, desataron verdadero pavor entre cabecillas criminales, al punto de que varios de los reubicados buscaban maniobras “legales” y seguramente jueces venales para ser devueltos a sus lúgubres centros de operaciones extorsivas, tratantes y amenazantes. Pero, entonces, justo allí radica la clave que puede marcar la diferencia este año en la seguridad pública: Seguir con el aislamiento bajo protocolos que favorezcan a la mayoría ciudadana y no a una minoría facinerosa.

Deben existir oportunidades para la rehabilitación de reos, pero solo para quienes demuestren acciones coherentes de cambio y cumplan con estrictos monitoreos contra consumo de drogas, contactos criminales y que provean de insumos a las autoridades para el combate de las mafias. Aunque otrora se hablaba de “delincuencia común” y “delincuencia organizada”, como categorías separadas, ahora la organizada es cada vez más común, y la común, cada vez más organizada; en tales avernos hay nexos y aparatos de inteligencia siniestra que buscan burlar la acción de la justicia, vulnerar a la ciudadanía y procurar impunidades.

Recién se acaba de conocer el caso de una reclusa acusada de homicidio que admitió el delito de haber tenido un celular en la cárcel; casi parece un paralelo al truco que intentó utilizar recientemente el cirujano plástico Kevin Malouf, al admitir primero el cargo de obstaculización a la acción penal, para confesar un inaplicable “homicidio culposo”, que fue admitido por un dudoso juez y revertido por la Corte de Constitucionalidad. Esas jugarretas legaloides también dañan el aparato de justicia, pues devalúan el poder disuasivo de las penas. Los tres poderes del Estado están en la picota ante esta realidad.