El proceso electoral del 2023, a juicio de la Unión Europea, dejó en evidencia como un grupo de actores políticos guatemaltecos intentaron no reconocer los resultados electorales, por lo que este bloque emitió una serie de sanciones contra ocho guatemaltecos y una institución por sus conductas antidemocráticas.

Ahora, una misión representante del parlamento europeo termina una visita al país para evaluar la situación de los sancionados y así determinar si las acciones antidemocráticas quedaron suspendidas, o si, por el contrario, continuaron o se intensificaron.

Esa evaluación ocurre un año después que se emitieron las amonestaciones contra jefes fiscales, jueces y abogados, que, a criterio de la Unión Europea, pretendía desconocer la decisión del electorado guatemalteco en las pasadas elecciones generales.

“En esta medición se ve si estas personas todavía están interfiriendo en el proceso democrático de Guatemala o no, o si hay otros que lo están haciendo”, explicó la diplomática.

“Tenemos a ocho personas sancionadas por la Unión Europea y una entidad. Los regímenes de sanciones están actualmente en revisión, se hace cada año una revisión y Bruselas lo está haciendo actualmente”, dijo Johanna Karanko, embajadora de la Unión Europea en Guatemala.

La diplomática explicó que esa evaluación ya se encuentra en desarrollo y el resultado de ese examen podría darse a conocer en las próximas semanas, teniendo como fecha límite el próximo febrero.

Las medidas impuestas por la Unión Europea se basan en congelar cualquier activo económico que los sancionados pudieran tener en Europa, con el objetivo de evitar cualquier tipo de transacción financiera.

Los sancionados

• María Consuelo Porras, fiscal general del MP
• Ángel Pineda, secretario del MP
• Rafael Curruchiche, jefe fiscal de la Feci
• Leonor Morales, fiscal de la Feci
• Jimi Bremer, juez Décimo Penal
• Fredy Orellana, juez Séptimo Penal
• Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo
• Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo
• Fundación Contra el Terrorismo

En el 2023, investigaciones del Ministerio Público buscaron poner en dudas los resultados electorales, sugiriendo en una ocasión desconocer las votaciones.

Las acciones penales promovidas por el ente investigador mantienen cancelado a través de una orden judicial al partido político Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

Los requerimientos del Ministerio Público fueron aceptados por los jueces, junto a otra serie de medidas legales que fueron presentadas por los actores civiles relacionados con Fundación Contra el Terrorismo.

Ese escenario de ataques al sistema democrático hizo que la comunidad internacional centrara su atención en Guatemala por las próximas elecciones de segundo grado, que arrancaron con la convocatoria del Congreso a la Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral, que debe integrarse el 20 de enero a más tardar.

Vigilancia

Esta semana también concluyó una primera visita de una misión de acompañamiento que busca verificar que las renovaciones de autoridades se den de manera transparente, democrática y sin temores de persecuciones judiciales ni ataques.

“Por primera vez en 70 años es que todas estas elecciones ocurren el mismo año, y el siguiente —2027— son las elecciones generales, donde estos órganos tienen un papel a jugar para el proceso electoral”, explicó la embajadora Karanko, quien a su vez es la portavoz de la misión de acompañamiento.

Esta primera visita a Guatemala estará acompañada de otras cinco más, que se podrían dar entre enero y mayo del 2026.

“Todavía no tenemos conclusiones, es apenas una misión exploratoria para saber qué está sucediendo. Venimos a observar que todo ocurra según las leyes de Guatemala y según los estándares internacionales”, añadió Karanko.

Al igual que otras misiones de observación para las elecciones de segundo grado del 2026, coinciden en que es necesario promover la participación de los mejores ciudadanos para que atrevan a perfilarse como aspirantes y candidatos.

“Es importante que se sigan las leyes de Guatemala, que se sigan las fechas límites en los diferentes procesos. También es importante que los candidatos mejor calificados se postulen, que no tengan miedo de hacerlo”, indicó.