El presidente Arévalo criticó la justicia guatemalteca por beneficiar con arresto domiciliario a Melvin Quijivix, acusado de lavar Q85 millones, mientras defensores de la democracia siguen en prisión. Señaló un uso político del sistema judicial.

El presidente Bernardo Arévalo criticó este lunes lo que consideró una aplicación desigual de la justicia en Guatemala, tras la decisión de otorgar arresto domiciliario a Melvin Quijivix, exjefe del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), acusado de lavado de más de Q85 millones.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario expresó su preocupación por lo que calificó como un “doble rasero” en el sistema judicial, señalando que personas vinculadas a casos de alto impacto reciben medidas sustitutivas, mientras otras —que han defendido la democracia o denunciado corrupción— continúan en prisión

Quijivix es investigado como parte del caso conocido como “Red Q”, una estructura de corrupción vinculada a plazas fantasma y desvío de fondos públicos durante gobiernos anteriores. A pesar de la gravedad de los señalamientos, un juzgado le otorgó medidas sustitutivas la semana pasada.

El presidente contrastó esa decisión con la situación de otros procesados que, según él, enfrentan prisión preventiva de manera injustificada. Entre ellos mencionó al periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022; a Eduardo Masaya, del partido oficialista Semilla; a los líderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán de Totonicapán; y al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

Estos casos han sido denunciados por organismos de derechos humanos como ejemplos de criminalización por razones políticas, atribuida a una estrategia del Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras. Varias de estas personas jugaron un papel importante en la defensa del proceso electoral de 2023 o en investigaciones de corrupción durante gobiernos anteriores.

Por Andrea Palacios