Cuando se realiza un análisis en demasiados países del mundo donde campea el desorden político, de inmediato salta a la vista la peor forma de debilitar la democracia liberal, iniciada con la separación en 1776 de las colonias inglesas plantadas en el noreste de este continente y confirmada en 1789 con la Revolución Francesa, ocurridas hace 249 y 236 años, respectivamente. En ese lapso los cambios ocurridos en todos los rincones del mundo y en lo social se afianzó la libertad individual, la propiedad privada y la libertad económica. Las elecciones fueron un avance derivado de dos documentos: la declaración de independencia de dichas colonias y la declaración de los derechos del hombre, cuyo efecto inicial fue el fin de la monarquía absoluta francesa.

Los textos indicados fueron escritos con base a la calidad personal de sus autores, por la cual no era lógico pensar en la necesidad de detener abusos sin pensar en la posibilidad de ser atrapados por gente aprovechada. Claro, al descubrirse en la práctica errores y carencias de limitaciones en el accionar de quienes hicieran gobierno. En los últimos años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los criterios del significado de derechos humanos y propiedad privada, por ejemplo, fueron ampliándose hasta llegar al absurdo. Criterios legales necesarios como el respeto a la naturaleza, cuya destrucción alcanza a todos, han sido rechazados hasta llegar al ridículo. Tal posición ha llevado en este momento a rechazar la ley e incluso hasta dudar si esta los alcanza a todos.

Es necesario señalarlo porque el ciudadano común y corriente ya ha afianzado su rechazo a la aplicación de la ley, pues por un lado en muchas ocasiones los jueces incumplen con su tarea y caen en la corrupción. Lo mismo ocurre con quienes a través de elecciones llegan a ocupar congresos, senados, cortes supremas de justicia y ministerios públicos. Los puestos se han vuelto lugares donde es imposible ser expulsado o destituido. En teoría, es conveniente porque de esa manera se elimina la posibilidad de acciones mal intencionadas contra funcionarios correctos, pero en la práctica se vuelve contraproducente cuando burócratas nefastos se pueden aferrar a la posibilidad de fechorías derivadas de corrupción o de venganzas politiqueras, a veces burdas.

El término “demo-güizachecracia” no existe pero expresa una realidad vergonzosa. No solo quienes son abogados pueden cometerlo, sino también es campo de funcionarios electos, teóricamente bien, pero dispuestos a convertir su tarea en una exclusiva lucha por la corrupción. Hade dos días, un diputado dijo no saber nada de quien es el dueño de un carro a su servicio. Cuando se llega a esos extremos, no constituye ninguna sorpresa la reacción popular de rechazo a la democracia liberal, sustituida por gobiernos totalitarios en su camino a ser dictatoriales, con el agravante de ser bienvenidos como resultado de la demagogia y de la desesperación ciudadana ante el evidente fracaso de una democracia convertida en sinónimo de latrocinio e irresponsabilidad.

Salvar la democracia necesita valentía y deseo de actuar y de ceder ante las buenas ideas de quienes se encuentran en el otro lado del pensamiento político, económico y social, con la condición de comprender en su totalidad las consecuencias de tantos años de burla y de falta total de vergüenza a causa de ausencia de buen nombre para defender. Es necesario además encontrar la necesaria y nueva forma de lograrlo, con la previa información de cuáles serán los cambios planificados. El nudo actual puede solucionarse en forma parecida a como Alejandro Magno solucionó hace siglos una situación parecida. La suma de verdades debe usarse para lograr una solución serena, sabiendo —eso sí— de la posibilidad de errores arreglables con buena voluntad.