Ya es inútil referirse a las consecuencias dentro de Estados Unidos por la decisión de Elon Musk y Donald Trump de imponer aranceles a los productos de Canadá y México. No hay forma de evitarlas, ni siquiera retrocediendo. Ambos países se prepararon para responder —este último lo hará el domingo. Todo eso se une al abandono a su suerte de Ucrania y al enfriamiento de las relaciones con Europa Occidental a causa de la cohabitación con Rusia, Corea del Norte y otros países totalitarios del mundo, muy contentos con esa decisión. La frontera con México coloca a Guatemala a la orilla de una guerra comercial cuyos efectos provocarán serios problemas en todos los campos, no solo para quienes salgan directamente afectados en diversas formas.

Un análisis realista —aunque sin duda frío, duro— nos coloca en la necesidad de comprender y aceptar como uno de los resultados de las decisiones Musk-Trump en todo el mundo occidental la agonía —talvez prolongada, pero indudable— e incluso la muerte de la economía de mercado y el libre comercio, con graves efectos en la filosofía del liberalismo basado en las decisiones de hombres libres, residentes en países respetuosos de sus respectivas constituciones e instituciones estatales. Ya carece de importancia el factor político partidista o ideológico reinante en estos países. Esta guerra comercial tendrá tantas bajas como si fuera una conflagración militar, pero al ser agregada esta, la hecatombe y sus desgracias penetrará sin permiso en las sociedades.

Guatemala sufrirá por deportaciones y reducción de los mercados de exportación dependientes de la mano de obra barata, especialmente la rural. El producto interno bruto será menor y además aumentarán la ingobernabilidad, criminalidad de las maras: sobornos, secuestros, aumento de carros blindados y de guardaespaldas. La inversión extranjera podría desaparecer, de hecho, junto con los beneficios de tener la cercanía de costas (near shoring). Por todo ello, los guatemaltecos deberán ser quienes colaboren para ayudar a los deportados, ya indocumentados o con papeles en orden aunque sea desde hace muchos años. Ante esa realidad, es una puñalada por la espalda la barbaridad de ese repugnante aumento al sueldo de los diputados, apoyado por el gobierno.

El sector privado nacional ha demostrado su capacidad de generar beneficios y su voluntad de participar en el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de ciudadanos durante muchos años. Esto se ha hecho por muchos años gracias a los beneficios otorgados por el voluntariado, en lo cual es particularmente importante la participación de mujeres guatemaltecas de todas las clases sociales. Pero ahora, esa actividad privada puede multiplicar su importancia al agregar temas como la educación, créditos, de muy pequeños a medianos, colaborar con las cooperativas. La mayoría de quienes integran los sectores necesitados solo quieren oportunidades, y dadas las circunstancias nacionales, es mejor si se les da a trabajadores de mano de obra poco calificada.

Veo similitud con el caso del terremoto de 1976, cuando espontáneamente los ciudadanos ayudaron en la medida de sus posibilidades al millón de víctimas en 33 segundos. Ahora se anuncia un terremoto económico-social porque las remesas representaron en 2024 el 20% del PIB. Debido a la sempiterna corrupción en el acorralado Estado y gobierno, deben quedar fuera del manejo de fondos y su principal tarea centrarse en la seguridad ciudadana, centrada en una rigurosa captura de los mareros, con prevalencia de los derechos ciudadanos, superiores a los de criminales sin recuperación social, pero cuidando de no hacerlo en forma despiadada y criminal. En resumen, todos los guatemaltecos tenemos una tarea, ante la realidad proveniente de fuera.