El próximo año es determinante para Guatemala porque se abre una pequeña ventana de oportunidad que puede coadyuvar a consolidar la democracia y rescatar al sistema de justicia, esto es así, porque mediante procesos normados en leyes, se elegirá a autoridades supremas de cuatro instituciones principales que hoy son cuestionadas.

Primero, la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es responsabilidad del Congreso Nacional que debe elegir cinco magistrados titulares e igual número de suplentes, escogidos de una nómina de veinte candidatos, los seleccionados durarán en el cargo seis años y dirigirán las elecciones generales del 2027 y 2030. El proceso inicia en enero 2026 y la toma de posesión el 20 de marzo.

Segundo, elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP). Este nombramiento lo decide el presidente de la República Bernardo Arévalo, quien escogerá a uno de una nómina de seis candidatos para un período de cuatro años. El próximo Fiscal General tendrá la responsabilidad de detener la criminalización selectiva contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que pugnan por erradicar la corrupción e impunidad. Este proceso también inicia en enero y el nuevo Fiscal toma posesión el 17 de mayo.

Tercero, el Congreso Nacional deberá elegir al próximo Contralor General de Cuentas para un período de cuatro años. Escogerán a uno de una lista de seis candidatos. Este funcionario debe vigilar que haya transparencia en el uso y administración de fondos públicos y otorgar finiquito a quienes se postulen a diferentes cargos de elección popular. El proceso se inicia en junio y la toma de posesión es el 13 de octubre.

Cuarto: Corte de Constitucionalidad (CC). Cinco órganos con poder designarán a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un período de cinco años. Los elegidos deben atender y resolver conflictos constitucionales relevantes. La Corte de Constitucionalidad se define por la designación directa de tres Poderes del Estado, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). El procedimiento inicia en enero y la nueva Corte toma posesión el 14 de abril.

Los tres primeros procesos, o sea magistrados del TSE, Fiscal General y Jefe del MP, así como el Contralor General, se realizarán a través del sistema de Comisiones de Postulación. Estas Comisiones también han sido cuestionadas porque en el pasado se han prestado a maniobras dolosas, manipulación, opacidad en sus actuaciones y tráfico de influencias de grupos políticos, económicos y redes de corrupción. Actuaciones fraudulentas quedaron al descubierto con los casos de “comisiones paralelas 2014 y 2020”.

Se critica falta de rigor para “calificar calidades técnicas de aspirantes y medios objetivos para verificar su ética”. Hay quienes advierten temores y amenazas de que las actuales autoridades del Ministerio Público, intenten criminalizar a miembros de estas comisiones y a aspirantes con el propósito de sembrar temor y obligarlos a desistir en sus aspiraciones.

Ante estos posibles escenarios los desafíos son, organizar el escrutinio ciudadano con acompañamiento internacional para vigilar la transparencia, libertad y seguridad de los procesos de elección y designación de candidatos idóneos, éticos e íntegros. Asegurar la participación plural de profesionales de calidad representativos de los cuatro pueblos y del sector de mujeres. Por último, tener plena conciencia de la importancia que tienen estas elecciones de segundo grado, en tanto que abren la puerta para depurar las instituciones de justicia y desalojar del Poder público a redes de corrupción e impunidad que aún mantienen secuestrada gran parte de la institucionalidad del Estado.