Asesor jurídico del COG amenaza a periodistas de La Hora con denuncia por dar a conocer orden de captura

El pasado miércoles 11 de noviembre, La Hora informó de una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo Penal contra la secretaria administrativa del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Helen Jeanyra González Orellana, señalada en una investigación del Ministerio Público (MP) contra el ente deportivo a raíz de una denuncia de la Asociación Deporte Limpio.

En dicha publicación, se informó de la decisión judicial tras corroborar que el caso no se encuentra bajo reserva y que las resoluciones emitidas por las judicaturas se revisten de legitimidad y están amparadas tanto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que salvaguarda el derecho a la libre expresión y el libre acceso a las fuentes de información.

Por otra parte, el artículo 64 de la Ley del Organismo Judicial establece que todo acto y diligencia de los tribunales son públicos.

No obstante, el pasado jueves 12 de noviembre, a la Redacción de La Hora, llegó un mensaje vía WhatsApp, de una persona no identificada, quien exigía, bajo amenazas de una denuncia penal, la eliminación de la publicación.

Emiten orden de captura contra Secretaria Administrativa del Comité Ejecutivo del COG

LA AMENAZA

El mensaje se refería en los siguientes términos:

«Es necesario establecer comunicación con ustedes, toda vez que dos de sus periodistas hicieron una publicación relacionada con una orden de captura girada en contra de la secretaria de actas del Comité Olímpico Guatemalteco. Es necesario manifestarles que ese caso se encuentra bajo reserva; por tanto, la única forma por la que sus periodistas pudieron obtener la información fue a través de tráfico de influencias y cualquier otro delito que de la posible investigación se desprenda, ya que la misma nota establece que fue a través de fuentes del organismo judicial. Sin embargo, quienes solicitan la información también son autores, dígase sus dos periodistas, ya que este es un proceso bajo reserva. Atentamente solicito que la publicación sea eliminada y una reunión para el día de mañana (viernes 13 de noviembre) para esclarecer el tema».

Dicho mensaje fue enviado sin identificación de la persona quien lo enviaba, por lo que al establecer comunicación al número remitente, la persona se identificó como César Castillo, asesor jurídico del COG.

SE ARREPIENTE DE REUNIÓN

Ante esta situación, La Hora se comunicó con Castillo para hacerle ver que en ningún momento este medio de comunicación ha roto ni quebrantado la ley y toda publicación goza de legitimidad, principalmente porque el caso no cuenta actualmente con reserva alguna.

A pesar de no contar con restricción, las fuentes consultadas no han dado mayores detalles del proceso para no alterar el curso de la investigación que se realiza contra los miembros del comité ejecutivo del COG.

No obstante, Castillo desistió de acudir a una reunión solicitada para las 10 de la mañana de este viernes 13 de noviembre en las instalaciones de La Hora.

Al abogado se le llamó de diversos números, pero no contestó.

MODO DE PRESIÓN

La amenaza de la denuncia contra periodista de La Hora por informar de las actuaciones dentro de este proceso, se suma a otra denuncia que el mismo grupo de asesores jurídicos del COG realizaron días atrás.

Según se tuvo conocimiento, el Ministerio Público (MP), recibió una denuncia del COG en contra del juez Mario Hichos, que conoce el proceso, aduciendo supuestas irregularidades, no obstante dicha denuncia intentó ser utilizada como una causal de recusación contra el juzgador para separarlo del caso, por lo que fue rechazada al no tener un asidero legal.

EL CASO

Desde el 2024, el caso donde se señala a miembros del comité ejecutivo del COG deriva de una denuncia interpuesta por la Asociación Deporte Limpio, que señala a Gerardo Aguirre y a otros miembros del COG de falsificar documentos con la supuesta finalidad de desviar fondos del comité.

Embargo a cuentas de Gerardo Aguirre y cercanos continúa por orden de juzgado

En dicha denuncia, se les señala de los delitos de uso de documentos falsificados, falsedad ideológica, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

Como consecuencia, desde ese año el juez Fredy Orellana, quien conocía el proceso en dicho momento, decretó el embargo de cuentas de los miembros del Comité así como su arraigo, lo que impidió que los directivos viajaran a París ese año, para estar presentes en los Juegos Olímpicos.

Tras una recusación contra Orellana, la Sala Tercera Penal decidió pasar el expediente a manos de Hichos, donde actualmente se continúa con las diligencias del proceso.