EE. UU. sanciona a la Corte Penal Internacional, que rechaza las medidas y recibe respaldo de la UE
El Gobierno de Estados Unidos anunció que sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) argumentando que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense al intentar ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos, militares y funcionarios del país. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado, que justificó las sanciones al señalar que Washington no […]
El Gobierno de Estados Unidos anunció que sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) argumentando que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense al intentar ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos, militares y funcionarios del país.
La medida fue anunciada por el Departamento de Estado, que justificó las sanciones al señalar que Washington no reconoce la autoridad de la CPI para procesar a ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos no es miembro del tribunal, que se creó en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
«El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses», afirmó el secretario Marco Rubio en el comunicado.
El Departamento de Estado también cuestionó que el tribunal pueda actuar contra agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios que, según Washington, cumplen funciones de seguridad nacional.
Asimismo, acusó a la CPI de intentar ampliar sus atribuciones y de ignorar las preocupaciones de Estados Unidos. Según el comunicado, Washington había aplazado la imposición de estas sanciones con la esperanza de que el tribunal y sus Estados miembros adoptaran medidas para atender sus objeciones, pero considera que no hubo avances suficientes.
«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», señaló Rubio, quien agregó que EE. UU. espera que sus aliados intervengan para limitar las actuaciones del tribunal.
THE HILL: Secretary of State Marco Rubio announced Friday that the U.S. is imposing full blocking sanctions against the International Criminal Court (ICC) https://t.co/voz1CkAvq9
— Department of State (@StateDept) October 9, 2026
ESTO IMPLICAN LAS SANCIONES PARA EE. UU.
La medida amplía la presión estadounidense contra la CPI, a la que Washington ya había impuesto sanciones individuales contra fiscales y jueces.
Esta vez, las restricciones alcanzan a la institución como tal y pueden afectar a empresas que le prestan servicios, con consecuencias para sus operaciones financieras y tecnológicas.
Según la agencia de noticias Reuters, las sanciones de Estados Unidos pueden impedir que empresas con sede en ese país mantengan relaciones comerciales con entidades sancionadas. Esto puede llevar a bancos a cerrar cuentas, aseguradoras a suspender coberturas y proveedores de software a interrumpir sus servicios.
El alcance de las restricciones, sin embargo, no es absoluto, ya que poco después del anuncio, el Departamento del Tesoro emitió cuatro licencias generales que permiten determinadas operaciones relacionadas con telecomunicaciones, software, pagos de pensiones de la CPI y transacciones vinculadas a personas detenidas por el tribunal.
Reuters informó que funcionarios de la Corte llevaban meses preparándose para la posibilidad de sanciones contra la institución.
Entre las medidas preventivas figuraban la sustitución de programas informáticos, el establecimiento de acuerdos alternativos para servicios bancarios y la búsqueda de otras opciones para mantener seguros médicos.
El Departamento de Estado afirmó que las sanciones fueron diseñadas para dar a la CPI y a sus Estados miembros la oportunidad de negociar una salida diplomática.
Aún así, advirtió que Washington ajustará las medidas si considera que sus preocupaciones no son atendidas.
LA RAZÓN POR LA QUE EE. UU. RECHAZA A LA CPI
Uno de los principales motivos de las objeciones estadounidenses son las actuaciones de la Corte contra dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes dentro de la jurisdicción del tribunal.
Washington también cuestiona la investigación sobre presuntos crímenes cometidos por militares estadounidenses en Afganistán, que, según Reuters, ha quedado relegada a un segundo plano, pero no fue declarada cerrada.
Estados Unidos afirma que la CPI no debe tener autoridad para procesar a sus ciudadanos y considera que sus actuaciones pueden afectar a la soberanía nacional y a las funciones de sus fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el que Estados Unidos no sea miembro de la Corte no significa que la jurisdicción del tribunal esté limitada exclusivamente a ciudadanos de países que se hayan adherido a su Estatuto.
La CPI puede ejercer jurisdicción en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando los presuntos crímenes ocurren en el territorio de un Estado miembro o cuando una situación es remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La CPI cuenta con 125 Estados miembros, entre ellos los países de la Unión Europea y la mayoría de los integrantes de la OTAN, según Reuters.
The #ICC strongly rejects US sanctions against the institution ⤵️ https://t.co/cQZ5JLMJYx
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 9, 2026
CPI Y LA UNIÓN EUROPEA RECHAZAN SANCIONES
La Corte Penal Internacional rechazó «firmemente» las sanciones y advirtió que estas que constituyen un ataque al Estado de derecho y buscan obstaculizar su funcionamiento e intimidar a quienes trabajan en la institución, según informó EFE.
El tribunal aseguró que las restricciones pretenden impedir que cumpla las funciones para las que fue creado e instó a sus Estados miembros a adoptar medidas para garantizar que pueda continuar sus investigaciones y procesos judiciales.
La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, también condenó las sanciones en declaraciones que divulgó Reuters. Ella afirmó que la medida busca debilitar el derecho internacional y el trabajo de una institución judicial independiente, pero aseguró que las investigaciones y los procesos continuarán.
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La Unión Europea, por su parte, indicó que está dispuesta a adoptar las medidas necesarias para que la Corte siga operando. Según EFE, la Comisión Europea afirmó que buscará proteger tanto la capacidad del tribunal para investigar y enjuiciar crímenes internacionales como los intereses de los operadores europeos afectados por las sanciones.
El anuncio de las sanciones estadounidenses también coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz a una jurista que fue parte de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008.
Reuters señaló que el comité del premio presentó el reconocimiento como un recordatorio de la importancia de las instituciones judiciales internacionales en un momento en que enfrentan presiones políticas.