Durante una conferencia de prensa este lunes 14 de julio, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, fue cuestionada sobre el otorgamiento de medidas sustitutivas a favor del exjefe del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, dentro del caso en el que es acusado por el delito de lavado de dinero.

A pesar de que Porras evitó ahondar en detalles sobre el caso en contra de Quijivix, explicó que la medida le corresponde a los órganos jurisdiccionales “correspondientes”, y que el ente investigador puede impugnar las decisiones.

SUJETOS PROCESALES PUEDEN REALIZAR PETICIONES

Durante la conferencia, la Fiscal General aseguró que todo proceso tiene diferentes etapas y consecuentemente, diferentes actuaciones, en donde participan no solo los fiscales, sino que también los tribunales de justicia.

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“Afortunadamente, como está estructurado en el ámbito de la justicia guatemalteca, el proceso, tenemos, puntualmente, las tres etapas procesales que se llevan a cabo, cada una de ellas tiene, obviamente, tiene sus diferentes actuaciones”, indicó.

También, resaltó que existe una ventaja, en la que todas las partes que son sujetas al proceso tienen la oportunidad de poder realizar las peticiones que en derecho corresponden ante los órganos jurisdiccionales, ante el MP, o ante las instancias que correspondan.

“Entonces, el poder realmente manifestarse para querer formar un criterio a la población por los medios mediáticos, de una actuación, no es una actuación definitiva. Sencillamente, tenemos que tener el entendimiento de que estamos frente a una decisión definitiva cuando tenemos una sentencia debidamente ejecutoriada”, indicó

En línea de lo anterior, Porras indicó que hasta “en tanto” y “en cuanto” se tiene la certeza que cómo fue resuelto en definitiva de un caso ante cualquier persona sindicada se puede pronunciar.

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DECIDEN MEDIDAS

Bajo esta misma línea, la Fiscal General subrayó que la Fiscalía correspondiente presentó ante el órgano jurisdiccional la imputación “correspondiente” y posteriormente, el sindicado fue ligado a proceso.

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También, Porras recalcó que es el órgano jurisdiccional “correspondiente”, el que decide las medidas que considera pertinentes, pero remarcó que, afortunadamente, el proceso tiene sus oportunidades procesales para que el MP pueda hacer uso de las mismas.

“Y obviamente, de no estar de acuerdo, pues obviamente impugnarse y consecuentemente hasta el final, vamos a tener las decisiones definitivas para lo que podamos decir, ya es una decisión definitiva, hasta en cuando y en tanto tengamos una sentencia debidamente ejecutoriada, eso quiere decir, hasta poder llevarla a cabo, todas, todas, las instancias que la misma legislación guatemalteca pone a disposición de todos los que intervienen en un proceso en Guatemala”, argumentó.

La Fiscal General señaló que no es una decisión definitiva la que se está trasladando mediáticamente, por lo que esperan que todos los órganos jurisdiccionales y el MP cumplan con sus competencias y funciones para que al final haya un debido proceso donde existan garantías procesales y constitucionales.

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A su vez, remarcó que “consecuentemente”, se podrá estar frente a una decisión definitiva.

EL CASO

El pasado 3 de julio, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer que derivado de una denuncia del INDE se detectaron transacciones sospechosas por Q85 millones por parte de Melvin Quijivix, expresidente de la entidad y cercano a Miguel Martínez, así como de personas y empresas vinculadas al exfuncionario.

El 11 de julio, el juez suplente B del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Carrera decidió ligar a proceso a Melvin Quivijix por el delito de lavado de dinero, pero decidió beneficiarlo con medidas sustitutivas bajo el pago de caución económica de Q400 mil.

Sin embargo, se desconocen los detalles de la imputación por parte del MP, así como las razones del Juez Carrera, debido a que el expediente se encuentra bajo reservar.

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