La denuncia del alcalde de La Unión, Zacapa, en contra del diputado distrital Julio Portillo, del bloque Cabal, por supuesta exigencia de comisiones ilegales de entre el 10 y 20% por adjudicación de obras en el municipio, encendió la mecha de una vieja polémica cargada de antecedentes desgraciadamente verídicos, abyectos y, muchos de ellos, impunes. Hasta ahora, Portillo, apellido con connotaciones peculiares, era más conocido por el percance vial del 13 de mayo de 2024 en el cual pereció un agente de la PNC integrante de su escolta. De hecho, la colisión no es solo con uno, sino con cinco alcaldes que señalan similares exacciones.

Usando una interjección muy chapina que usaron como nombre del partido: este tipo de denuncia “cabal” coincide con toda una sarta de señalamientos previos en contra de diputados de todos los colores, a lo largo de varias legislaturas, acerca de su conducta clientelar para facilitar o dificultar el otorgamiento de fondos a dependencias de gobierno, Codedes y comunas. La asignación de obras a familiares, amigos, financistas o todas las opciones anteriores ha sido un lastre para la probidad, la supervisión y la calidad de proyectos.

Basta ver cuántas obras inconclusas dejó el anterior gobierno sin que exista autoridad a cargo de la persecución penal que investigue y procese a los responsables; pero el caos no terminó allí. El bolsón de más de siete mil millones destinados a proyectos departamentales, avalado en el caótico presupuesto 2025, carece de mecanismos efectivos de verificación, gracias a los contubernios tejidos para amarrar tal botín con la disputa de la directiva y hasta con el madrugón del autoaumento que el pleno tiene pendiente desechar, mientras la CC guarda un silencio cómplice, pues por menos se ha traído abajo resoluciones anómalas.

Varias bancadas gazuzas quieren mantener el atraco, pero es inviable, por la forma artera como se gestó, por ser insostenible y, sobre todo, porque la ciudadanía a la cual, también supuestamente, representan los diputados, ha manifestado su rotundo repudio a este autoincremento. De hecho, este abuso parece una materialización inverecunda de las mordidas subrepticias a alcaldes y también a contratistas con pagos pendientes, que se registraron en previas legislaturas.

Mientras tanto, los dirigentes partidarios, parlanchines y ubicuos en tiempos de campaña son en este momento personajes virtuales que tiran piedras a donde pueden, aunque tienen el techo de vidrio. Y es que, en el fondo, el gran problema es la pésima metodología para la designación de candidatos a diputados, en la cual prima el criterio del mejor postor para figurar en las primeras casillas, a manera de apuesta para girar la ruleta de las conveniencias. Suelen ser ausentes los criterios de idoneidad, experiencia o mérito para el desempeño de una curul, pues más de la mitad de diputados no tienen ningún grado universitario. Por supuesto que todo ciudadano tiene derecho a ser electo, pero con trayectoria de servicio y acciones que denoten genuina, coherente y constante opción por el bien común.

La discusión de reformas o replanteamiento de la Ley de Hidrocarburos para poder avalar la continuidad de operaciones petroleras en Petén es otro de los temas en los que saltan los rumores de pedidos de coimas en el Legislativo. Este contrato se otorgó en 1985 y vence en agosto próximo, tras 40 años. Como mínimo, antes de siquiera analizarse cualquier cambio a la norma, se deberían discutir los beneficios reales para el Estado, mejorar la protección ambiental y, por supuesto, execrar o denunciar el más mínimo rastro de exacciones.